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Sandra Mónica Herrera y su esquema de seguridad fueron retenidos durante unos 40 minutos en una vía rural de Páez.
La JEP exigió al Gobierno Nacional y a la UNP reforzar las garantías de seguridad para sus funcionarios después de que una de sus abogadas y dos escoltas fueran retenidos por hombres armados en zona rural de Itaibe, en Páez, Cauca. El hecho ocurrió cuando se desplazaban hacia La Plata, Huila, para cumplir labores relacionadas con la justicia transicional.
La abogada Sandra Mónica Herrera Gaviria y los dos escoltas permanecieron bajo coacción durante cerca de 40 minutos. Hombres armados con fusiles y pistolas interceptaron la camioneta blindada de la Unidad Nacional de Protección (UNP), obligaron a sus ocupantes a descender y se llevaron el vehículo y las armas de dotación.
La JEP lo calificó como secuestro
La jurisdicción sostuvo que, aunque los tres ocupantes recuperaron la libertad, lo ocurrido constituye un secuestro porque fueron retenidos contra su voluntad mediante amenazas y coacción. Posteriormente, los dejaron en una vía destapada, cerca de un puente, en el corredor hacia Páez.
Los responsables, según la información conocida, vestían prendas negras y botas de caucho y aparentemente sabían que el vehículo pertenecía a la UNP. La abogada y sus escoltas fueron encontrados en buen estado de salud.
El tribunal expresó su preocupación por las condiciones en las que sus funcionarios deben desplazarse para atender procesos en las regiones. “Estar en los territorios para escuchar a las víctimas, realizar diligencias e intervenir con comparecientes no puede significar poner en riesgo la vida de los equipos legales y la magistratura”, señaló la JEP.
La abogada ya había denunciado amenazas
El caso ocurre después de una serie de amenazas e intimidaciones contra Herrera por su trabajo como defensora de comparecientes de las antiguas Farc-EP. La litigante está vinculada a labores de representación legal mediante un convenio con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, FUPAD.
Ante los riesgos que había denunciado, la UNP le asignó un esquema de protección el pasado 6 de mayo. Pese a esa medida, la abogada y sus dos escoltas fueron interceptados mientras cumplían un desplazamiento relacionado con sus funciones.
La JEP pidió revisar las condiciones de seguridad de sus equipos que trabajan en territorio. La entidad considera que la presencia de defensores, magistrados y funcionarios en las regiones resulta necesaria para atender a víctimas y comparecientes dentro de los procesos de justicia transicional.
El riesgo alcanza a quienes trabajan en territorio
El episodio expone las dificultades de desarrollar labores judiciales en zonas rurales donde persisten estructuras armadas y riesgos para funcionarios protegidos. En este caso, el esquema de seguridad no impidió que los tres ocupantes fueran sometidos durante el desplazamiento.
La exigencia de la JEP apunta ahora a que el Gobierno y la UNP adopten medidas que permitan mantener el trabajo judicial en las regiones sin exponer a quienes participan en esos procesos. El reto será garantizar los desplazamientos de los equipos mientras continúan las diligencias con víctimas y comparecientes.
