Gobierno radica Presupuesto General 2027 por $575,6 billones

El Presupuesto General 2027 prioriza el gasto social, reduce la inversión frente a 2026 y plantea el retorno pleno a la regla fiscal desde 2028.

El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso el proyecto del Presupuesto General de la Nación 2027 por $575,6 billones, una cifra equivalente al 27 % del Producto Interno Bruto (PIB). La iniciativa, presentada por el Ministerio de Hacienda, busca financiar los programas sociales del Ejecutivo mientras plantea una reducción gradual del déficit fiscal y el regreso al cumplimiento pleno de la regla fiscal a partir de 2028.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que la propuesta prioriza el gasto social y el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales. En ese sentido, explicó que el presupuesto fue estructurado con base en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026, con el propósito de mantener los recursos destinados a programas sociales y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El proyecto contempla una necesidad de financiamiento equivalente al 1,4 % del PIB, cuya ejecución dependerá de la aprobación del Congreso. Para respaldar el presupuesto, el Gobierno proyecta ingresos tributarios por $308,9 billones, además de $905.000 millones por ingresos no tributarios y $30,5 billones provenientes de recursos de la Nación y de establecimientos públicos nacionales.

El Ministerio de Hacienda prevé que los ingresos totales disminuirán del 27,3 % al 25,5 % del PIB frente a 2026. La cartera atribuye esta reducción a que ya no estarán disponibles los recursos extraordinarios obtenidos durante la Emergencia Económica, Social y Ecológica de 2026, además de una menor expectativa de recaudo por impuestos externos debido a la desaceleración de las importaciones.

Las proyecciones económicas que respaldan el presupuesto contemplan un crecimiento del 2,2 % para la economía colombiana, una inflación del 4,4 %, una devaluación promedio del 2,7 %, una tasa de cambio cercana a $3.859 por dólar y un déficit en cuenta corriente equivalente al 2 % del PIB.

En materia de gasto, el Gobierno propone un presupuesto más reducido que el de 2026. El servicio de la deuda alcanzará los $118 billones, mientras que el gasto total, excluyendo la deuda, será de $454,3 billones, equivalente al 21,3 % del PIB. El Ministerio explicó que el crecimiento de los gastos de funcionamiento e inversión será de apenas 0,5 % nominal, por debajo de la inflación prevista, lo que representa una reducción en términos reales.

Del gasto de funcionamiento, que ascenderá a $367,7 billones, el Gobierno indicó que el 86,7 % del incremento se concentrará en seis rubros: el Sistema General de Participaciones, las pensiones y asignaciones de retiro, el aseguramiento en salud, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, las Instituciones de Educación Superior Pública y los gastos de personal.

La inversión pública será de $90 billones, equivalente al 4,2 % del PIB, una reducción frente al año anterior. El Ministerio argumentó que este ajuste responde a la rigidez del gasto de funcionamiento, la insuficiencia estructural de los ingresos corrientes y la necesidad de disminuir el déficit fiscal para recuperar el cumplimiento de la regla fiscal en 2028.

El Ejecutivo sostuvo que la mayor parte del gasto, sin incluir el servicio de la deuda, continuará orientada a programas sociales, además del funcionamiento de la Fuerza Pública, la Rama Judicial, la nivelación salarial y la preservación del poder adquisitivo de los servidores públicos.

Durante la presentación del proyecto, Germán Ávila afirmó que el país enfrenta el desafío de corregir el desbalance entre los ingresos fiscales y el gasto público. El ministro planteó como ejes de solución “una reforma tributaria estructural, minimizar las rentas con destinación específica, disminuir la inflexibilidad presupuestal y elevar la eficiencia y calidad del gasto público”.

El proyecto inicia ahora su trámite en el Congreso, donde el debate se centrará en la viabilidad del financiamiento, el equilibrio entre gasto social y ajuste fiscal, y las reformas que el Gobierno considera necesarias para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas sin afectar el crecimiento económico ni la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales.

Humberto ‘Toto’ Torres