Gobierno Petro presenta balance del Ministerio de Justicia con récord en extradiciones, nueva política de drogas y reformas históricas

El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó el balance de gestión del Ministerio de Justicia y del Derecho durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022-2026, en la que destacó avances en acceso a la justicia, cooperación internacional, lucha contra el crimen organizado y reformas estructurales que, según la cartera, marcarán el rumbo del sistema judicial colombiano durante los próximos años.

Durante el evento, realizado en la Universidad Externado de Colombia, el Ministerio aseguró que la estrategia “Justicia para la Gente” permitió ampliar el acceso a la justicia para millones de colombianos, consolidándose como uno de los principales logros del actual Gobierno.

Más de 4,5 millones de gestiones para facilitar el acceso a la justicia

De acuerdo con el informe presentado, las Casas de Justicia y los Centros de Convivencia Ciudadana realizaron más de 4,5 millones de gestiones, una cifra que representa un incremento del 60 % frente al cuatrienio anterior. Asimismo, más de 5.000 personas fueron atendidas mediante jornadas móviles de acceso a la justicia, mientras que cerca de 18.000 ciudadanos participaron en jornadas de conciliación.

La ministra de Justicia, Cielo Rusinque Urrego, aseguró que el propósito de la administración fue convertir la justicia en un derecho efectivo para toda la población.

“Así como Colombia avanzó en la reducción de la pobreza y la desigualdad, desde el Ministerio trabajamos para cerrar una deuda histórica: que la justicia deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho real para todas las personas”, afirmó la funcionaria.

Récord de 930 extradiciones durante el Gobierno Petro

Uno de los resultados resaltados por el Ministerio corresponde a la cooperación judicial internacional, al informar que entre agosto de 2022 y julio de 2026 se concretaron 930 extradiciones, solicitadas por distintos países por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y otras conductas criminales.

Del total, 602 extradiciones fueron realizadas hacia Estados Unidos, país que continúa siendo el principal aliado de Colombia en materia de cooperación judicial. A ello se suma la entrada en vigor de la Ley 2592 de 2026 (PEIMAR), orientada a fortalecer las herramientas para combatir las economías ilícitas y el crimen organizado en zonas marítimas y costeras.

Nueva Política Nacional de Drogas benefició a más de 200.000 personas

Otro de los ejes destacados fue la implementación de la Política Nacional de Drogas “Oxígeno”, presentada como un nuevo enfoque centrado en la protección de la vida, el desarrollo de oportunidades económicas y el fortalecimiento de las comunidades más afectadas por el narcotráfico.

Según el Ministerio, más de 200.000 personas fueron beneficiadas mediante proyectos productivos y sociales, respaldados con inversiones superiores a los $52.000 millones, mientras que 34.000 ciudadanos participaron en programas de prevención del consumo y reducción del estigma.

En paralelo, el componente denominado “Asfixia” de esta política permitió la incautación de más de 3.275 toneladas de cocaína en todo el territorio nacional. Además, el Gobierno informó que, junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), dejó diseñada una nueva metodología para medir la Producción Potencial de Cocaína (PPC), con el fin de mejorar la toma de decisiones frente al fenómeno de las drogas.

Ley de Utilidad Pública permitió medidas restaurativas para mujeres condenadas

El Ministerio también destacó avances en materia de justicia restaurativa, señalando que la Ley 2292 de 2023, conocida como Ley de Utilidad Pública, permitió que más de 270 mujeres condenadas por delitos menores relacionados con hurto y estupefacientes cumplan sanciones restaurativas sin ser separadas de sus familias.

Según la cartera, esta medida ha beneficiado a más de 800 personas de sus núcleos familiares y ha contribuido a disminuir el hacinamiento en los establecimientos carcelarios.

Jurisdicción Agraria quedó incorporada en la Constitución

Entre los hitos legislativos, el Gobierno resaltó que la Jurisdicción Agraria quedó incorporada de manera definitiva en la Constitución, dando cumplimiento a los compromisos derivados del Acuerdo de Paz.

Gracias a la Ley Estatutaria 2570 de 2026, impulsada conjuntamente entre los ministerios de Justicia y Agricultura, más de 2,3 millones de habitantes rurales contarán con jueces especializados para resolver conflictos relacionados con la tierra, con el objetivo de disminuir la violencia asociada a este tipo de disputas.

Decreto Mujeres Buscadoras fortalece la reparación de las víctimas

El balance también incluyó avances en la reparación de las víctimas del conflicto armado. El Ministerio destacó la expedición del Decreto 0063 del 26 de enero de 2026, conocido como Decreto de Mujeres Buscadoras, que establece una ruta de reconocimiento y restablecimiento de derechos para más de 300.000 mujeres que han participado en la búsqueda de familiares desaparecidos.

Asimismo, la cartera aseguró que por primera vez se materializó el componente restaurativo del Sistema Integral para la Paz, mediante la entrega de siete proyectos restaurativos construidos junto a las víctimas, además de la creación de una Bolsa de Recursos para Proyectos Restaurativos, desarrollada con la UNODC y dotada con $2.500 millones para financiar nuevas iniciativas en los territorios.

Inversión histórica para transformar el sistema penitenciario

Otro de los anuncios fue la implementación del CONPES 4157 de 2025, considerado por el Ministerio como la primera política pública integral para humanizar el sistema penitenciario y carcelario.

El documento contempla una inversión de $4,4 billones, la ejecución de 122 acciones, la participación de 25 entidades del Estado y una hoja de ruta que se extenderá hasta 2033, con el propósito de enfrentar problemas estructurales del sistema penitenciario.

Justicia con enfoque diferencial e inclusión

El Ministerio también reportó avances para garantizar una justicia más incluyente, mediante la adopción de instrumentos como el Decreto 0732 de 2026 (Decreto No Binario), el Protocolo Sin Barreras para personas con discapacidad, la Guía para la Valoración del Riesgo Feminicida y el programa “No es Hora de Callar”, desarrollado junto con la periodista Jineth Bedoya.

Estas iniciativas, según el Gobierno, buscan garantizar el acceso efectivo a la justicia de poblaciones históricamente discriminadas.

El Ministerio deja bases para una reforma integral de la justicia

Como parte del legado institucional, el Ministerio aseguró haber dejado las bases para una reforma integral del sistema judicial, construida con una Comisión Asesora integrada por representantes de distintos sectores y orientada a enfrentar problemas como la congestión judicial, la impunidad y las barreras de acceso a la justicia.

Además, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y otras 12 entidades estatales, se elaboró la hoja de ruta para actualizar el Plan Decenal del Sistema de Justicia, con proyección hasta 2038.

Al cierre de la rendición de cuentas, la ministra Cielo Rusinque Urrego afirmó que el Gobierno entrega “mucho más que un balance de gestión”, al asegurar que deja “un legado institucional que transformó la manera de entender la justicia en Colombia”.

La funcionaria sostuvo que durante el cuatrienio se amplió el acceso a la justicia, se fortaleció la lucha contra el crimen organizado, se consolidó la Jurisdicción Agraria, se avanzó en la reparación de las víctimas y se impulsaron políticas públicas de largo plazo. Finalmente, señaló que el objetivo fue demostrar que la justicia debe ser una herramienta para reducir las desigualdades, construir paz y garantizar los derechos de todos los colombianos.

Sala Digital Colmundo