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El futuro de las EPS intervenidas se definirá antes de terminar 2026. Siete entidades con 22,4 millones de afiliados serán evaluadas individualmente.
El futuro de las EPS intervenidas deberá quedar definido antes de finalizar 2026. El Gobierno Nacional evaluará individualmente las siete entidades que permanecen bajo intervención para establecer cuáles tienen condiciones para recuperarse y cuáles deberán avanzar hacia un proceso de liquidación.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, explicó que no habrá una fórmula única para resolver la situación. El análisis tendrá en cuenta la viabilidad financiera y operativa de cada EPS, además de su capacidad para mantener una red que garantice la atención de los usuarios.
“Ese es el plazo que nos hemos puesto”, señaló la ministra al fijar el 31 de diciembre como horizonte para estabilizar las EPS, avanzar en el cumplimiento de las órdenes de la Corte sobre financiación y poner en marcha un plan de choque para los pacientes.
Siete EPS concentran 22,4 millones de afiliados
La dimensión del problema obliga al Gobierno a evitar una salida generalizada. Las siete EPS intervenidas concentran 22,4 millones de afiliados y registran pasivos por $52 billones, según una cifra de la Contraloría citada por Vesga.
La ministra advirtió, sin embargo, que existen diferencias entre los balances disponibles y mencionó patrimonios negativos superiores a $24 billones. Por eso, el Ministerio y la Superintendencia Nacional de Salud adelantarán una conciliación para determinar el tamaño real de las obligaciones.
“¿Cómo se financia un pasivo si no se sabe cuál es el pasivo?”, cuestionó Vesga. La deuda acumulada no solo condiciona el futuro de las aseguradoras: también golpea las finanzas de clínicas, hospitales y proveedores que esperan el pago de servicios ya prestados.
El Gobierno descarta, por ahora, liquidar simultáneamente las siete entidades. Una decisión de ese tamaño afectaría la atención de millones de personas. Vesga también rechazó una nacionalización generalizada porque implicaría que el Estado asumiera las deudas y la operación de las EPS, una carga que, según explicó, no estaría en capacidad de absorber.
¿Qué pasará con las EPS intervenidas?
La ruta será revisar cada caso. Las EPS que demuestren viabilidad podrán entrar en procesos de recuperación, mientras aquellas que no tengan condiciones financieras y operativas deberán encaminarse hacia la liquidación, decisión que corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud.
Vesga también cuestionó los resultados del modelo de intervención aplicado hasta ahora. Según la ministra, será necesario revisar si esta figura realmente permite entregar instituciones con mejor gobernanza, capacidad financiera y atención a los usuarios.
Mientras se toman esas decisiones, el Ministerio implementará un plan de choque basado en la gravedad de los pacientes. La primera prioridad serán personas trasplantadas o con cáncer, enfermedades huérfanas, VIH y diabetes insulinodependiente, especialmente cuando exista riesgo para la vida o de pérdida irreversible de respuesta al tratamiento.
El diagnóstico revela otro cuello de botella: los medicamentos representan el 70 % del rezago de atención registrado hasta el 30 de agosto. Vesga indicó, además, que cerca de 4.000 pacientes con enfermedades huérfanas permanecen sin tratamientos pese a existir recursos para cubrir parte de esas necesidades.
La situación se concentra especialmente en las entidades bajo control estatal. De acuerdo con el Ministerio, el 75 % de la denominada “represa” de atención está en las EPS intervenidas, donde se habrían presentado problemas en la gestión de recursos, giros y postulaciones.
Crisis también golpea la red hospitalaria
El diagnóstico del Gobierno va más allá de las EPS. Tras el sismo del 10 de agosto fueron identificadas 400 sedes de IPS afectadas, 192 de ellas con daños de mayor consideración. Un primer cálculo estima en $1,9 billones los recursos necesarios para recuperar la infraestructura hospitalaria.
Algunos hospitales públicos funcionan actualmente entre el 20 % y el 30 % de su capacidad, lo que compromete sus ingresos y sostenibilidad. Para su recuperación, el Gobierno contempla recursos públicos y privados, obras por impuestos, alianzas público-privadas y el denominado Fondo Milagro.
El Ministerio también busca reconstruir la relación con las regiones. Vesga aseguró que encontró una pérdida de capacidad institucional, técnica y territorial, reflejada, entre otros aspectos, en secretarías departamentales de Salud que llevaban años sin comunicación directa con la cartera nacional.
La fecha límite será diciembre. Para entonces, el Gobierno pretende tener las cuentas más claras, reducir los tratamientos represados y definir cuáles de las siete EPS intervenidas pueden recuperarse y cuáles deberán ser liquidadas, una decisión que tendrá efectos directos sobre 22,4 millones de afiliados.
Sala Digital Colmundo
