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Adriana Magali Matiz responsabilizó presuntamente a las disidencias de las Farc por el atentado que dejó cuatro muertos, incluida una bebé, y 177 viviendas afectadas.
El ataque con cilindros bomba en Planadas, Tolima, ocurrido hacia las 9:45 de la noche del domingo, dejó un saldo preliminar de cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de dos meses, y 177 viviendas afectadas. La gobernadora Adriana Magali Matiz anunció que denunciará el atentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) y pidió al Gobierno nacional reforzar la presencia de la fuerza pública en el sur del departamento.
La mandataria calificó el hecho como un acto terrorista y señaló presuntamente al frente Jerónimo Galeano, de las disidencias de las Farc, como responsable. Según explicó, los atacantes utilizaron una volqueta que transportaba cerca de diez cilindros bomba, camuflados con arena. Nueve fueron detonados y uno quedó sin activar, por lo que tuvo que ser retirado por el grupo Marte del Ejército.
El vehículo fue estacionado a unos 100 metros de una base militar, que habría sido el objetivo del ataque. La explosión terminó golpeando a la población civil, con daños en viviendas y en la infraestructura de atención médica del municipio.
El balance entregado por Matiz señala que 23 viviendas quedaron completamente destruidas y otras 154 resultaron afectadas. El hospital transitorio de Planadas también sufrió daños en cerca del 80 % de su infraestructura. Entre las víctimas mortales se encuentran una bebé de dos meses y su padre.
“No existe ninguna justificación para atacar de esa manera que se atacó a la población civil y esto es una flagrante violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”, afirmó la gobernadora al anunciar que llevará el caso ante la CPI.
“No fuimos escuchados”: Matiz cuestiona la respuesta del Gobierno
La gobernadora también cuestionó la falta de atención que, según dijo, recibieron las advertencias sobre el deterioro de la seguridad en el sur del Tolima durante el anterior Gobierno nacional.
“Hoy, desafortunadamente, somos nosotros los que ponemos el dolor y los muertos por una conducta casi que negligente que se asumió”, manifestó. Su reclamo apunta a la falta de acciones oportunas frente al avance de los grupos armados ilegales en esta zona del departamento.
Para Matiz, el atentado de Planadas y los antecedentes de violencia en Ataco están relacionados con las disputas por el control de las economías ilícitas, especialmente la explotación ilegal de oro.
La mandataria aseguró que estas organizaciones criminales recibirían más de 25.000 millones de pesos mensuales por la minería ilegal y que buscan ampliar su dominio territorial. También mencionó los enfrentamientos entre estructuras asociadas a alias Calarcá y alias Mordisco.
Refuerzan la presencia militar en el sur del Tolima
Frente al deterioro del orden público, Matiz pidió al Gobierno nacional fortalecer las capacidades de inteligencia, incorporar tecnología y aumentar el pie de fuerza. Como parte de las medidas anunciadas, 150 integrantes del Ejército llegarán a la zona, junto con nuevos efectivos de la Policía.
La gobernadora también confirmó el regreso de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), previsto para mediados de diciembre. El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta de las autoridades ante las acciones de los grupos armados.
En paralelo, un hospital itinerante llegó a Planadas para garantizar la atención médica, mientras las autoridades coordinan la entrega de ayudas a las familias que perdieron sus viviendas o sufrieron daños en sus hogares.
Emergencia por sismos agrava la situación del departamento
A la crisis de seguridad se sumaron los movimientos sísmicos registrados en el sur del Tolima. Tras un nuevo evento con epicentro en Chaparral, la gobernadora reportó dos personas heridas y daños en viviendas del Cañón de Las Hermosas, además de afectaciones en la iglesia del municipio.
Matiz indicó que el enjambre sísmico en esa zona acumula 1.650 réplicas, un fenómeno que permanece bajo estudio del Servicio Geológico Colombiano.
Como medida preventiva, la Gobernación suspendió las clases presenciales en las instituciones educativas del departamento y ordenó implementar la modalidad de escuela en casa mientras se revisa el estado de las instalaciones. También activó los consejos municipales de gestión del riesgo para verificar daños y atender a las comunidades.
El Tolima enfrenta así dos emergencias simultáneas: la presión de los grupos armados y los efectos de la actividad sísmica. La llegada de refuerzos militares, la atención a las víctimas de Planadas y la evaluación de las zonas afectadas serán determinantes para contener la crisis en los próximos días.
Sala Digital Colmundo
