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10 junio, 2026La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, denunció una preocupante transformación en las dinámicas de violencia que ejercen las disidencias de las Farc en varias zonas del departamento, especialmente en municipios del sur, suroriente y oriente del territorio. Según la mandataria, la denominada carnetización de campesinos se ha convertido en una muestra evidente de la evolución de los mecanismos de control utilizados por estos grupos armados ilegales.
Matiz advirtió que la violencia ya no se manifiesta principalmente a través de enfrentamientos armados con la Fuerza Pública, sino mediante estrategias de presión social dirigidas a las comunidades rurales. La gobernadora recordó que esta situación viene siendo denunciada desde el año 2024 y aseguró que actualmente los grupos ilegales han optado por métodos menos visibles, pero igualmente intimidantes.
“Lo venimos denunciando desde 2024, ya no hay enfrentamientos directos con la Fuerza Pública. Lo que existe hoy es una coerción social sobre las comunidades”, afirmó la mandataria al referirse al fenómeno que, según ella, está modificando la naturaleza del conflicto en la región.
De acuerdo con la gobernadora, las estructuras armadas han abandonado las grandes concentraciones de hombres y los combates abiertos para dar paso a pequeños grupos que ejercen control territorial mediante citaciones, presiones y registros ilegales de habitantes. Esta estrategia les permite mantener influencia sobre la población sin recurrir a acciones militares de gran impacto.
En ese contexto, Matiz explicó que la carnetización de campesinos representa un mecanismo de intimidación que busca identificar y monitorear a los habitantes de determinadas zonas rurales. “La carnetización no es otra cosa que un mecanismo de intimidación. Están identificando, controlando y generando miedo en la gente”, enfatizó la gobernadora.
La mandataria sostuvo que la nueva modalidad de violencia opera de manera silenciosa, lo que dificulta su detección y combate por parte de las autoridades. Según indicó, las denuncias recibidas evidencian que estas prácticas se están presentando en distintas comunidades rurales, generando preocupación entre los habitantes ante el incremento de las presiones ejercidas por actores armados ilegales.
Además, anunció que las denuncias relacionadas con estas acciones serán analizadas durante la próxima sesión de seguimiento electoral, donde también se revisarán otros reportes de seguridad recibidos desde diferentes municipios del departamento.
Para la gobernadora, uno de los mayores desafíos radica en que estas estructuras operan con bajo perfil. “Ya no se ven grupos grandes. Son estructuras pequeñas que hacen presencia silenciosa, pero efectiva. Por eso es clave reforzar el control del territorio”, señaló al insistir en la necesidad de fortalecer las acciones institucionales.
Frente a este panorama, Matiz hizo un llamado a las autoridades nacionales para incrementar la presencia de la Fuerza Pública en corredores viales estratégicos y zonas rurales, con el propósito de garantizar la seguridad de las comunidades y evitar que estas prácticas continúen expandiéndose.
La preocupación cobra especial relevancia debido a la cercanía de los próximos procesos electorales. La gobernadora subrayó que el objetivo principal es proteger el derecho de los ciudadanos a participar libremente en las urnas sin presiones ni intimidaciones de grupos ilegales.
“Tenemos que garantizar un ejercicio libre, transparente y seguro. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para proteger el proceso electoral”, concluyó la mandataria, reiterando su llamado a reforzar las estrategias de seguridad y vigilancia en las zonas más vulnerables del departamento.




