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La Defensoría rechazó los ataques contra Julieta Lemaitre, magistrada de la JEP, y pidió a dos congresistas rectificar señalamientos que considera falsos.
La Defensoría del Pueblo denunció este sábado 24 de octubre una presunta campaña de desprestigio contra Julieta Lemaitre Ripoll, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y solicitó a dos congresistas rectificar afirmaciones que, según la entidad, carecen de sustento y contienen expresiones de violencia de género.
El pronunciamiento de la defensora del pueblo, Iris Marín, está dirigido a la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, y al senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional. La funcionaria advirtió que los señalamientos personales y la difusión de información descontextualizada pueden afectar la independencia judicial.
Defensoría cuestiona señalamientos contra magistrada de la JEP
La controversia surgió por la circulación de fragmentos de diligencias judiciales que, según la Defensoría, fueron presentados fuera de contexto para insinuar una supuesta cercanía o complicidad de Lemaitre con antiguos integrantes de las Farc.
Marín rechazó que se utilicen apartes aislados de audiencias para cuestionar la actuación de la magistrada sin considerar el conjunto de las investigaciones y las decisiones adoptadas posteriormente por la justicia transicional.
La entidad también cuestionó las insinuaciones sobre presuntas relaciones sentimentales de Lemaitre, al considerar que estas expresiones recurren a estereotipos de género para desacreditar su capacidad profesional, en lugar de examinar sus decisiones judiciales.
Nueve autos de imputación contra 74 excomandantes de las Farc
Como parte de su pronunciamiento, la Defensoría destacó que, según información de la JEP, el despacho de Julieta Lemaitre ha emitido nueve autos de imputación contra 74 antiguos comandantes de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Entre los hechos investigados figuran secuestros, asesinatos, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas cometidos durante el conflicto armado colombiano.
La entidad recordó que las investigaciones desarrolladas en el Caso 01, relacionado con la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad, contribuyeron a las condenas impuestas por el Tribunal para la Paz contra integrantes del antiguo Secretariado de las Farc.
Para la Defensoría, desconocer estos resultados y presentar fragmentos de audiencias como evidencia de una supuesta complicidad puede distorsionar el trabajo judicial y afectar a las víctimas que han participado en los procesos.
Iris Marín advierte sobre violencia de género y ataques digitales
Otro de los cuestionamientos de la defensora está relacionado con el uso de estereotipos de género para desacreditar a mujeres que ejercen funciones públicas.
Según Marín, atribuir las decisiones de una magistrada a supuestas relaciones personales, en lugar de debatir sus argumentos jurídicos, constituye una forma de descalificación que puede afectar su autoridad profesional.
La Defensoría también alertó sobre las consecuencias de la violencia digital, cuyos efectos pueden extenderse más allá de las redes sociales y comprometer la seguridad, la salud, la vida personal y el desempeño laboral de quienes reciben estos ataques.
Defensoría pide rectificaciones sin limitar el debate sobre la JEP
La entidad solicitó a María Clara Posada y Germán Rodríguez rectificar las afirmaciones que considera falsas o carentes de fundamento y evitar la difusión de contenidos descontextualizados o expresiones que reproduzcan violencia de género.
Marín reconoció que los congresistas tienen derecho a cuestionar las decisiones de los tribunales, evaluar el funcionamiento de las instituciones y promover reformas. Sin embargo, insistió en que ese ejercicio debe apoyarse en información verificable y argumentos jurídicos.
La Defensoría sostuvo que proteger la independencia judicial no implica impedir el escrutinio público de la JEP, sino evitar que las diferencias políticas se conviertan en ataques personales contra quienes administran justicia.
El pronunciamiento abre un nuevo capítulo en la controversia sobre la justicia transicional en Colombia. La atención se concentra ahora en la respuesta de los congresistas señalados y en si el debate sobre las actuaciones de la JEP continuará por la vía de los argumentos jurídicos o de las descalificaciones personales.
Sala Digital Colmundo
