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La Fiscalía acusó a un auxiliar administrativo de la Registraduría en Montería de pedir dinero a cambio de favorecer con mil votos a una aspirante al Congreso en las elecciones de marzo.
Un auxiliar administrativo de la Registraduría Nacional en Montería fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente exigir $100 millones a una candidata al Congreso a cambio de favorecerla con 1.000 votos en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.
El procesado fue identificado como Jairo Winston Mendoza Soto, quien, según la investigación, contactó a la aspirante el 25 de febrero para concertar una reunión en su residencia. Allí, presuntamente, le exigió el dinero asegurando que podía influir en el resultado electoral.
La Fiscalía estableció que días después se produjo un segundo encuentro en una cafetería de Montería, donde el funcionario habría reiterado la exigencia y afirmado que tenía la capacidad de manipular los resultados electorales para garantizar los votos ofrecidos.
Con base en esos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó al funcionario ante un juez de control de garantías e imputó el delito de concusión, conducta que sanciona a los servidores públicos que exigen dinero o beneficios aprovechando su cargo.
El procesado no aceptó el cargo durante la audiencia de imputación. La investigación continuará para determinar la responsabilidad del funcionario y esclarecer el alcance de las presuntas actuaciones denunciadas.
El caso vuelve a poner la atención sobre la transparencia del proceso electoral y el control sobre los servidores públicos vinculados a la organización de los comicios, en momentos en que las autoridades insisten en fortalecer los mecanismos de vigilancia contra posibles hechos de corrupción electoral.
Sala Digital Colmundo
