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La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, junto a representantes de accionistas minoritarios de la Electrificadora del Meta, advirtió sobre una propuesta impulsada por el accionista mayoritario —el Gobierno nacional— para modificar la composición de la junta directiva y cambiar el mecanismo de selección del gerente. Según explicó, estas decisiones alterarían las reglas que han guiado recientemente la administración de la empresa y podrían concentrar el control en un solo actor.
De acuerdo con la mandataria, uno de los cambios más sensibles tiene que ver con la forma en que se elige al gerente. Hasta ahora, ese proceso se realizaba a través de una firma especializada en selección de talento, lo que permitía evaluar perfiles bajo criterios técnicos. “La elección del gerente (…) se había hecho con un cazatalentos (…) ahora se pretende cambiar para que se haga de manera directa”, afirmó, al señalar que esto implicaría dejar de lado principios como el mérito, la independencia y la transparencia.
La discusión también se centra en la junta directiva, el órgano encargado de las decisiones estratégicas. Actualmente, está compuesta por siete miembros, con participación de distintos accionistas. Sin embargo, según lo expuesto, la propuesta en curso busca modificar ese equilibrio, removiendo al integrante técnico independiente y ajustando la composición para favorecer al accionista mayoritario, que cuenta con más del 55 % de participación. En palabras de la gobernadora, esto llevaría a un escenario de “cinco a dos”, afectando el balance interno de la empresa.
Otro de los puntos que genera preocupación es el cambio en las condiciones del cargo de gerente. La propuesta, según Cortés, plantea establecer un periodo fijo de cuatro años y eliminar las evaluaciones periódicas de desempeño, que actualmente permiten hacer seguimiento a la gestión. “Se busca fijar un periodo de cuatro años en un momento de transición de gobierno”, señaló, cuestionando el alcance de una decisión de largo plazo adoptada en este contexto.
Las advertencias no se limitan al plano administrativo. La gobernadora sostuvo que una pérdida de equilibrio en la toma de decisiones puede traducirse en efectos concretos sobre el funcionamiento de la empresa. “Cuando no hay balance (…) lo que puede venir es el deterioro de la empresa y una deficiente prestación del servicio”, afirmó, al tiempo que recordó que la Electrificadora del Meta enfrenta retos financieros importantes, incluyendo deudas acumuladas que presionan su operación.
En ese contexto, los accionistas minoritarios consideran que decisiones unilaterales podrían agravar la situación y afectar tanto la sostenibilidad de la empresa como la calidad del servicio que reciben los usuarios. La preocupación, según lo expresado, es que se repitan escenarios del pasado en los que factores políticos incidieron en la gestión de la compañía.
Frente a este panorama, los accionistas anunciaron la convocatoria de una asamblea para discutir estos cambios y remitieron sus inquietudes a la Procuraduría para que haga seguimiento al proceso. En el pronunciamiento conjunto insistieron en que las decisiones deben mantenerse bajo “criterios técnicos, transparencia absoluta y el más alto estándar de gobierno corporativo”, reiterando su llamado a evitar que la empresa vuelva a ser objeto de injerencias políticas.
Juan Joya




