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La Defensoría del Pueblo alertó por el uso creciente de estos equipos y la expansión de grupos armados pese a las alertas tempranas.
El uso de drones en ataques armados aumentó 146 % en Colombia entre enero y mayo de 2026, según la “Radiografía de los derechos humanos en Colombia” presentada en agosto por la Defensoría del Pueblo. El informe advierte que esta modalidad de violencia ya dejó 145 personas afectadas y 21 muertas, mientras grupos armados mantienen su expansión en distintos territorios.
La alerta hace parte del documento “Cifras clave para decidir”, elaborado como línea base para las decisiones del nuevo Gobierno Nacional y del Congreso. La entidad advierte que el conflicto armado y la criminalidad organizada han cambiado sus formas de operación y se han fragmentado, pero continúan generando riesgos para la población civil.
Uno de los problemas señalados es que las advertencias institucionales no siempre logran contener la expansión de estos actores. Cerca de 120 alertas tempranas permanecen vigentes por situaciones de riesgo en los departamentos del país.
Drones, una amenaza que crece en las regiones
El incremento en el uso de drones aparece como uno de los principales focos de preocupación del informe. La Defensoría señala que estos equipos se han incorporado a las dinámicas de los grupos armados y su utilización elevó el riesgo para comunidades expuestas a la violencia.
“La consolidación de la paz debe ser una prioridad inaplazable para la garantía de los derechos humanos”, sostiene el documento. La entidad agrega que la criminalidad organizada y el conflicto armado persisten mientras modifican sus estructuras y formas de actuación.
Durante 2026, la Defensoría ha monitoreado 260 municipios con presencia del ELN. En 145 de ellos la presencia sería permanente y en otros 115 tendría carácter intermitente.
El crimen organizado también mantiene presencia territorial. La entidad ha expedido 99 alertas tempranas relacionadas con al menos 77 grupos dedicados a actividades criminales, según las cifras incluidas en la radiografía.
Comunidades indígenas y raizales siguen expuestas
La expansión de los grupos armados afecta de manera particular a comunidades indígenas, raizales y otros pueblos étnicos ubicados en territorios donde persisten disputas por el control territorial y las economías ilegales.
La Defensoría sostiene que la emisión de alertas tempranas debe estar acompañada por respuestas efectivas de las autoridades. El reto consiste en que la identificación anticipada del riesgo permita proteger a las comunidades antes de que las amenazas deriven en desplazamientos, confinamientos o ataques.
El diagnóstico incorpora información sobre desplazamiento, confinamiento, homicidios, masacres, reclutamiento de menores, minas antipersonal y asesinatos de personas vinculadas con procesos de paz. Para construirlo se utilizaron datos de entidades como la Unidad para las Víctimas, Medicina Legal y el ICBF.
Minería ilegal y crisis ambiental agravan los riesgos
La Defensoría también relaciona la violencia con la degradación ambiental y el cambio climático. El informe advierte que la pérdida de biodiversidad y la movilidad humana asociada a fenómenos ambientales están aumentando las presiones sobre comunidades y territorios.
La minería ilegal aparece entre los factores de mayor riesgo. Entre 2023 y 2026 se emitieron 34 alertas tempranas en 26 departamentos por situaciones relacionadas con esta actividad y con la extracción ilegal de mercurio.
El problema combina entonces seguridad y protección ambiental. Para la Defensoría, las decisiones sobre desarrollo económico deberán considerar tanto la conservación de los ecosistemas como los derechos de las comunidades que dependen de esos territorios.
Más de 2,2 millones de hectáreas fueron formalizadas
El informe también pone la lupa sobre el campo y los derechos del campesinado y de los pueblos étnicos. La Defensoría considera que el acceso a la tierra y la garantía de los derechos territoriales son determinantes para cerrar las brechas entre las zonas rurales y urbanas.
Entre 2022 y 2026, cerca de 2,2 millones de hectáreas fueron formalizadas, mientras que 60.603 hectáreas entraron en procesos de restitución. En ese mismo periodo fueron censadas más de 99.000 familias campesinas y étnicas para recibir apoyos relacionados con la restitución de cultivos.
Estas cifras conviven con territorios donde las comunidades siguen expuestas a actores armados. La falta de seguridad puede terminar afectando los procesos de acceso a la tierra y desarrollo rural que buscan reducir desigualdades acumuladas durante décadas.
Las amenazas contra periodistas también preocupan
La libertad de expresión constituye el quinto eje de la radiografía. La Defensoría advierte sobre los riesgos que enfrentan periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos, especialmente en zonas donde operan grupos armados y estructuras de crimen organizado.
Entre enero de 2025 y el 15 de junio de 2026, la FLIP registró 711 agresiones contra periodistas y 275 amenazas. Según la Defensoría, la mayoría de estos hechos ocurrió en departamentos y ciudades donde también existe presencia de organizaciones armadas.
Aunque los homicidios contra periodistas han disminuido desde 2024, Colombia aparece en el puesto 115 entre 180 países en la clasificación mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras.
La radiografía deja cinco retos al nuevo Gobierno
La Defensoría presentó su diagnóstico como una línea base para el nuevo Gobierno y el Congreso de la República. El objetivo es que los datos permitan diseñar y evaluar políticas públicas frente a los principales problemas de derechos humanos.
La entidad identifica cinco desafíos: reducir las desigualdades, enfrentar las nuevas dinámicas de violencia, responder a la crisis ambiental, garantizar los derechos rurales y territoriales y proteger las libertades democráticas.
El aumento del uso de drones plantea uno de los retos más inmediatos. La expansión de esta modalidad de ataque obligará a las autoridades a ajustar sus estrategias de seguridad, mientras las comunidades esperan que las alertas tempranas se traduzcan en protección efectiva y no solamente en diagnósticos sobre riesgos que ya se están materializando.
Humberto ‘Toto’ Torres
