DNI rechaza acusaciones de Abelardo de la Espriella y exige pruebas ante la Fiscalía

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se pronunció este sábado frente a las acusaciones difundidas en redes sociales sobre una presunta participación de funcionarios de la entidad en un supuesto plan contra la vida e integridad del abogado Abelardo de la Espriella. A través de un comunicado oficial, la institución rechazó categóricamente cualquier señalamiento que busque relacionarla con hechos delictivos, insistiendo en su naturaleza civil y estratégica.

Desde Bogotá, la entidad manifestó que no tiene participación en operaciones tácticas o militares, y explicó que su función principal está enfocada en la producción de inteligencia estratégica para respaldar la toma de decisiones del alto gobierno frente a amenazas dirigidas al Estado o a la ciudadanía. En ese sentido, aclaró que no desarrolla actividades de inteligencia operativa.

En el pronunciamiento, la DNI enfatizó que se trata de un organismo no armado, por lo que carece de capacidad militar o táctica. Además, precisó que sus funcionarios no reciben formación castrense, en respuesta a versiones que han circulado en plataformas digitales sobre un eventual involucramiento institucional en acciones ilegales.

La institución también aseguró que mantiene una política de “cero tolerancia” frente a conductas contrarias a la ley o al deber oficial, señalando que cuenta con mecanismos internos de inteligencia y contrainteligencia para supervisar el actuar de sus servidores. Según explicó, estos protocolos buscan garantizar el respeto de los fines constitucionales y los Derechos Humanos.

De igual forma, la Dirección Nacional de Inteligencia pidió al abogado Abelardo de la Espriella presentar ante la Fiscalía General de la Nación las evidencias que sustenten sus afirmaciones, argumentando que la gravedad de las denuncias amerita una investigación formal por parte de las autoridades judiciales competentes.

Finalmente, la entidad advirtió que evalúa emprender acciones legales para proteger su imagen institucional y preservar la confianza ciudadana, al considerar que las acusaciones podrían afectar la legitimidad del organismo ante la opinión pública.

Humberto ‘Toto’ Torres