Corte de EE.UU.  condena a colombiano y tres acusados más por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse

¿Qué papel jugó el colombiano Arcángel Pretel Ortiz en el complot que acabó con la vida del presidente haitiano Jovenel Moïse, y por qué Colombia aparece en todos los niveles de este magnicidio?

Un tribunal federal de Miami condenó este viernes a cuatro personas por conspirar para matar o secuestrar al presidente haitiano Jovenel Moïse, cuyo asesinato en julio de 2021 en Puerto Príncipe sumió al país caribeño en una inestabilidad política que se prolonga ya cinco años. El fallo, emitido bajo la dirección de la jueza de distrito Jacqueline Becerra, muestra el avance judicial más significativo en el caso desde que ocurrió el crimen y suma a  la tesis de la fiscalía sobre una conspiración organizada en suelo estadounidense con ramificaciones en Colombia, Venezuela y Haití.

Con este fallo, ya son nueve los implicados condenados en Estados Unidos por el magnicidio, a manos de un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos. Otros cinco acusados ya habían sido sentenciados a cadena perpetua, mientras que una sexta persona recibió una pena de nueve años de prisión tras determinarse que no conocía el plan al financiar el envío de chalecos antibalas. Los cuatro declarados culpables este viernes son el venezolano Antonio Intriago, de 63 años; el colombiano Arcángel Pretel Ortiz, de 53; el estadounidense Walter Veintemilla, de 57; y el haitiano-estadounidense James Solages, de 40. Todos se habían declarado inocenes  durante el proceso y enfrentan ahora la posibilidad de pagar cadena perpetua. La lectura de sentencia se producirá en los próximos meses.

La fiscalía federal expuso durante el juicio la arquitectura de un complot cuya motivación combinaba ambición política y cálculo económico. Según la investigación, los aeñalados pusieron en marcha un plan a principios de 2021 para derrocar al presidente Moïse e instalar como sucesor al haitiano-estadounidense Christian Sanon. Intriago y Ortiz, gestores de la empresa de seguridad CTU con sede en Miami, aspiraban a obtener contratos lucrativos de seguridad con un eventual gobierno presidido por Sanon, cuyo juicio fue aplazado por problemas de salud. Veintemilla se sumó a la trama como financiador y Solages actuó como representante de CTU en Haití. Según documentos judiciales incorporados al proceso, Veintemilla habría canalizado recursos a través de su compañía Worldwide Investment Development Group.

Meses previos al magnicidio, los acusados elaboraron varios planes para secuestrar a Moïse, pero, al no conseguirlo, le habrían ordenado  a los mercenarios colombianos que asaltaran la residencia presidencial y lo mataran. El 7 de julio de 2021, Solages y los mercenarios acribillaron a Moïse, de 53 años, en su dormitorio y dejaron gravemente herida a su esposa, Martine, sin que sus guardaespaldas intervinieran. Un elemento que los investigadores señalaron como anómalo desde el inicio fue precisamente la ausencia de resistencia por parte del esquema de seguridad presidencial en medio del asalto, circunstancia que la investigación en Haití no ha logrado determinar  hasta hoy. La investigación también reveló que a varios de los exmilitares colombianos se les presentó inicialmente la misión como una operación legal de captura respaldada por agencias estadounidenses.

Durante el juicio, la defensa intentó cuestionar la solidez de la acusación argumentando que sus clientes fueron manipulados para cargar con responsabilidades que no les correspondían. Sostuvieron que los acusados pensaban tener una orden judicial válida y que buscaban destituir a un presidente que, según ellos, había excedido su mandato. El tribunal, al considerar los testimonios y pruebas, no dio lugar a estos argumentos. El peso de las evidencias —que incluyeron grabaciones, testimonios de colaboradores y registros financieros— resultó suficiente para que el jurado de doce personas alcanzara un veredicto unánime de culpabilidad en los tres cargos: conspiración para cometer asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos, provisión de apoyo material con resultado de muerte, y participación en una operación armada contra una nación amiga.

El proceso en Miami no agota todos los frentes juridicos por el magnicidio. En paralelo, la causa en Haití sigue cargada de tensiones políticas. Un juez haitiano inculpó a alrededor de 50 personas, entre ellas la viuda Martine Moïse y el ex primer ministro Claude Joseph. Pero la investigación local quedó trabada por el colapso institucional, la violencia de las pandillas y la debilidad del sistema judicial. El caso de Christian Sanon, figura central del proyecto político que rodeó el complot, no tiene fecha definida para su juzgamiento.

La nación más pobre de América no ha celebrado elecciones desde 2016 y no tiene presidente desde el magnicidio. El primer ministro interino Alix Didier Fils-Aimé ejerce el poder actualmente con el respaldo de Estados Unidos. A ese vacío institucional se suma el control territorial ejercido por pandillas armadas que dominan buena parte de la capital, incluido el aeropuerto internacional y las principales arterias viales del país. El cierre de escuelas y hospitales en diversas regiones incrementa las dificultades para la población, mientras organizaciones internacionales advierten que la persistente falta de seguridad y servicios esenciales podría agravar la emergencia humanitaria. Cerca de 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos para evitar la deportación, en medio de intentos de la actual administración por revocar esa medida, bloqueados hasta ahora por tribunales.

Juan Joya