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Una decisión que afectaría la capacidad operativa contra el crimen organizado, mientras se espera una decisión oficial de EE. UU. en los próximos días.
La posibilidad de que Colombia sea descertificada por el gobierno de Estados Unidos en materia de lucha antidrogas ha reactivado un complejo entramado de gestiones diplomáticas, reacciones institucionales y tensiones políticas internas. La decisión, que se espera sea anunciada oficialmente por Washington en los próximos días, tendría implicaciones directas en la cooperación bilateral, la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad colombianas y la percepción internacional sobre el compromiso del país frente al narcotráfico.
El antecedente más cercano de una descertificación se remonta a 1996, durante el gobierno de Ernesto Samper, cuando Estados Unidos suspendió la certificación por considerar que no existían esfuerzos suficientes para combatir el narcotráfico. Aquella medida implicó la congelación de recursos de cooperación, restricciones comerciales y un deterioro en las relaciones diplomáticas. Aunque Colombia mantuvo la certificación en años posteriores, el actual contexto político y operativo ha reactivado ese mismo riesgo.
En respuesta a esta posibilidad, cinco alcaldes de ciudades principales —Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena— anunciaron un viaje a Washington para sostener reuniones con congresistas y funcionarios estadounidenses. El objetivo declarado fue “defender la cooperación bilateral y evitar una medida que afectaría directamente a las regiones”. Sin embargo, tres de los mandatarios locales cancelaron su participación: Carlos Fernando Galán (Bogotá), Alejandro Char (Barranquilla) y Dumek Turbay (Cartagena). Las razones incluyeron compromisos administrativos, problemas logísticos y desacuerdos sobre el alcance del viaje.
La iniciativa fue recibida con reservas por parte del Gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente la pertinencia del viaje, afirmando que “certifiquen o no, la Constitución de Colombia se respeta” y sugiriendo que los alcaldes no tienen competencia para representar al país en gestiones internacionales. La Embajada de Colombia en Estados Unidos también emitió un comunicado en el que señaló que “esta acción prioriza intereses políticos particulares por encima del bienestar nacional”, y advirtió sobre el riesgo de que se interprete como una diplomacia paralela.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, uno de los pocos que mantuvo su agenda en Washington, aclaró que “no se hablará de descertificación” durante las reuniones, sino de cooperación y seguridad. Eder insistió en que el propósito es “defender los intereses de las ciudades y fortalecer los canales institucionales con Estados Unidos”, sin interferir en competencias del Ejecutivo.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó la posible descertificación como “una recompensa a los delincuentes y narcos”. El funcionario advirtió que la medida afectaría directamente la capacidad operativa de las fuerzas armadas, especialmente en lo relacionado con mantenimiento de aeronaves, provisión de equipos y acceso a inteligencia compartida. “Más del 70 % de las aeronaves están en tierra por falta de mantenimiento, y buena parte de los recursos provienen de la cooperación con Estados Unidos”, señaló.
La descertificación también tendría efectos económicos, al debilitar la confianza comercial, encarecer procesos logísticos y afectar la competitividad de exportadores colombianos. Además, se pondrían en riesgo programas de asistencia humanitaria, capacitación técnica y apoyo en zonas rurales afectadas por economías ilícitas.
La decisión final del gobierno estadounidense se espera en los próximos días, en el marco de la evaluación anual sobre los esfuerzos de países socios en la lucha contra el narcotráfico. Aunque no se ha confirmado una fecha exacta, voceros diplomáticos han indicado que el anuncio podría coincidir con la publicación del informe oficial del Departamento de Estado. La certificación o descertificación no solo tiene efectos simbólicos, sino que condiciona el acceso a fondos, programas de cooperación y respaldo político en escenarios multilaterales.
Juan Joya
