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La Corte Constitucional de Colombia volvió a golpear la estrategia económica del Gobierno al declarar inexequible el Decreto 1474 de 2025, el primero de los reglamentarios de la emergencia económica decretada en diciembre pasado. La decisión ordena devolver parte de los dineros recaudados, aunque permite al Ejecutivo conservar la mayor proporción de los recursos obtenidos.
El alto tribunal aplicó la figura de “inexequibilidad por consecuencia”, lo que significa que, al haber sido declarado inconstitucional el decreto matriz (Decreto 1390), todos los actos derivados pierden automáticamente su validez jurídica. La ponencia estuvo a cargo del magistrado Juan Carlos Cortés y fue aprobada por unanimidad, en contraste con la votación dividida que días antes tumbó el estado de excepción.
Debate por $1,65 billones recaudados
Uno de los puntos más complejos para la Corte fue definir qué pasaría con los 1,65 billones de pesos recaudados por el Gobierno antes de la suspensión de la emergencia en enero de 2026. Según el Ministerio de Hacienda, la mayor parte de estos recursos provino de incentivos tributarios que permitieron a contribuyentes en mora pagar parcialmente sus deudas sin sanciones.
En total, unos 175.000 contribuyentes y usuarios aduaneros se acogieron a estos beneficios, lo que generó ingresos por 1,63 billones de pesos. A esto se suman 23.800 millones por un impuesto a la importación de carbón en hidrocarburos y 1.200 millones por IVA a licores importados.
Gobierno conservará la mayor parte del dinero
En su fallo, la Corte determinó que no se devolverán los recursos pagados por quienes accedieron a beneficios tributarios, al considerar que se trata de “situaciones jurídicas consolidadas”. Esto implica que el Gobierno podrá mantener 1,63 billones de pesos ya ingresados al erario.
Sin embargo, el tribunal sí ordenó la devolución de aproximadamente 25.000 millones de pesos correspondientes a otros tributos, estableciendo que los impuestos directos no podrán ser cobrados ni declarados, y que los pagos anticipados deberán ser reintegrados a los contribuyentes. En el caso de los impuestos indirectos, estos deberán devolverse a quienes acrediten haber realizado el pago.
Revés para la Procuraduría
El fallo también representa una derrota para la Procuraduría General de la Nación, que había solicitado mantener la validez de varias medidas tributarias pese a considerar inconstitucional la emergencia económica. El procurador Gregorio Eljach defendió figuras como el impuesto al patrimonio, argumentando que no tenía carácter confiscatorio y era progresivo.
Asimismo, el Ministerio Público consideró viable el IVA del 19 % a bebidas alcohólicas, siempre que los recursos se destinaran exclusivamente a atender la crisis del sistema de salud. No obstante, la Corte no acogió estas recomendaciones en su decisión final.
La salud no justificó la emergencia
En su análisis, la Corte fue enfática en señalar que las fallas estructurales del sistema de salud no constituyen una justificación suficiente para declarar una emergencia económica. Esta postura contrasta con la de entidades como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que habían solicitado mantener temporalmente los efectos de la medida para garantizar recursos al sistema.
El debate estaba ligado al financiamiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), clave para el funcionamiento de las EPS. Sin embargo, el tribunal concluyó que no se cumplían los requisitos constitucionales para sostener el estado de excepción.
Impacto fiscal y político
Con esta decisión, el Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo revés en su política económica. Aunque conservará 1,63 billones de pesos, deberá devolver una parte de los recursos y replantear las medidas adoptadas bajo la emergencia.
El fallo no solo tiene implicaciones fiscales, sino también políticas, al reabrir el debate sobre el uso de estados de excepción para enfrentar problemas estructurales. Además, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estrategia del Gobierno para atender la crisis del sistema de salud.
Humberto ‘Toto’ Torres
