Bogotá pierde trazabilidad de más de 329 mil subsidios para población vulnerable, advierten en debate sobre el nuevo RUI

Un fuerte llamado de alerta lanzó el concejal Rolando González durante un debate de control político sobre la transición del Sisbén al nuevo Registro Universal de Ingresos (RUI), mecanismo que comenzará a operar en julio de 2026 y que será utilizado para focalizar subsidios y programas sociales en Colombia.

El cabildante aseguró que Bogotá no estaría preparada institucional ni operativamente para enfrentar los riesgos del nuevo modelo nacional de focalización social, especialmente por las fallas detectadas en la trazabilidad de las transferencias monetarias dirigidas a población vulnerable.

Uno de los puntos más delicados expuestos en el debate fue la dificultad para verificar cientos de miles de pagos realizados a través del programa de Ingreso Mínimo Garantizado.

Según las cifras reveladas por González, entre enero y marzo de 2026 se reportaron 669 mil transferencias enviadas, pero 329 mil seguían pendientes de validación, situación que genera preocupación sobre el control y seguimiento de los recursos públicos destinados a ayudas sociales.

Los datos expuestos muestran además un crecimiento progresivo del problema mes a mes:

• Enero: 20.401 pagos pendientes de validación.
• Febrero: 75.974.
• Marzo: 232.603.

El concejal advirtió que la situación refleja una pérdida de capacidad de control sobre los subsidios entregados a la población vulnerable, en un programa que beneficia a más de 1,7 millones de personas al año en Bogotá.

Durante el debate también se conoció que el indicador institucional de “gestión de transferencias” apenas alcanzó el 52 % durante 2025. Esto significa que poco más de la mitad de los pagos enviados logró ser verificada como exitosa.

El propio informe institucional atribuyó parte de los retrasos a problemas con los operadores financieros. Según el documento, “aún no se tiene la confirmación de todos los pagos enviados en marzo”, debido a la falta de convenios activos con entidades financieras y al uso de mecanismos alternativos implementados por la Secretaría Distrital de Hacienda.

La preocupación aumenta ante la entrada en funcionamiento del nuevo Registro Universal de Ingresos (RUI), sistema creado en el Gobierno Nacional de Colombia dentro del Plan Nacional de Desarrollo y que reemplazará progresivamente al Sisbén como herramienta oficial de focalización social.

A diferencia del modelo tradicional, el RUI funcionará principalmente mediante cruces automáticos de información y registros administrativos provenientes de entidades como la DIAN, la PILA y otras bases de datos estatales.

Según González, esto implicará que la clasificación social de millones de ciudadanos pueda modificarse automáticamente sin necesidad de nuevas encuestas presenciales.

Otro de los hallazgos del debate fue el alto nivel de dependencia que mantiene Bogotá frente al Sisbén para asignar subsidios y programas sociales.

Solo durante 2025, cerca de 946 mil millones de pesos de la oferta social de la Secretaría Distrital de Integración Social fueron asignados utilizando este sistema. Para 2026, la cifra ascendería a 952 mil millones de pesos, equivalente al 44 % de los recursos destinados a programas sociales de la entidad.

El concejal también alertó sobre las actualizaciones automáticas en los puntajes del Sisbén realizadas mediante registros administrativos y no por solicitud directa de los ciudadanos.

Actualmente, el 43,2 % de las personas registradas presentan actualizaciones correspondientes a 2025 y el 46,5 % a 2026. Esto significa que cerca del 90 % de los ciudadanos inscritos en el sistema tuvieron cambios en su clasificación social sin nuevas encuestas presenciales.

González advirtió que este mecanismo podría generar incrementos automáticos en los puntajes del Sisbén, provocando la suspensión temporal de subsidios y ayudas económicas para miles de hogares vulnerables.

Ante este panorama, el cabildante pidió al Distrito y al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes para proteger a los beneficiarios de programas sociales.

Entre las solicitudes planteadas están:

1. Garantizar plena trazabilidad sobre cualquier modificación en la información de los ciudadanos.
2. Permitir que cada persona conozca qué entidad modificó sus datos y cómo impactó su puntaje.
3. Crear un instrumento distrital complementario de focalización social.
4. Implementar rutas rápidas de revisión para evitar suspensiones injustificadas de ayudas económicas.

El debate dejó en evidencia las dudas sobre la capacidad operativa de Bogotá frente al nuevo modelo de focalización social, justo cuando el país se prepara para implementar uno de los cambios más importantes en la asignación de subsidios y programas sociales durante los últimos años.

Humberto ‘Toto’ Torres