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La Agencia Nacional de Tierras (ANT) resolvió procesos agrarios sobre más de un millón de hectáreas entre agosto de 2022 y junio de 2026, un avance que, según la entidad, representa una transformación en el ordenamiento de la propiedad rural al recuperar terrenos públicos ocupados de manera irregular y brindar seguridad jurídica a propietarios y comunidades campesinas en diferentes regiones del país.
Durante ese periodo, la ANT dio trámite a 3.669 expedientes agrarios, permitiendo esclarecer la situación jurídica de numerosos predios rurales. Los departamentos de Meta, Córdoba, Boyacá y Sucre concentraron buena parte de las actuaciones adelantadas por la entidad.
Recuperaron 335.000 hectáreas de baldíos de la Nación
Como resultado de las decisiones adoptadas, la Agencia Nacional de Tierras recuperó 335.000 hectáreas de baldíos de la Nación, equivalentes al 33 % del área objeto de los procesos agrarios. Estos terrenos fueron incorporados al Fondo Nacional de Tierras, con el propósito de destinarlos a familias campesinas y comunidades étnicas dentro de la política de Reforma Agraria.
El 67 % restante corresponde a predios de propiedad privada, sobre los cuales se otorgó mayor seguridad jurídica a propietarios, ganaderos y demás particulares respecto a la titularidad de sus tierras.
Para Ana Jimena Bautista, directora de Gestión Jurídica de Tierras de la ANT, los procesos agrarios se han convertido en una herramienta fundamental para ordenar la propiedad rural. La funcionaria explicó que estas actuaciones permiten resolver conflictos históricos relacionados con la ocupación, el uso y la tenencia de los predios.
Los cuatro procesos que impulsan el ordenamiento de la tierra
La ANT explicó que actualmente desarrolla cuatro grandes procesos agrarios para fortalecer la seguridad jurídica sobre la propiedad rural.
Según Julián Ballén Reina, subdirector de Seguridad Jurídica de Tierras, uno de los avances más relevantes corresponde a la clarificación de la propiedad privada, especialmente en el altiplano cundiboyacense, donde se ha trabajado con títulos históricos para determinar la naturaleza jurídica de numerosos predios.
“Estamos determinando la naturaleza jurídica de los predios mediante títulos históricos que hoy generan seguridad jurídica para las familias de esta región“, señaló Ballén.
El segundo proceso corresponde al deslinde de tierras de la Nación en departamentos como Cesar, Córdoba y Sucre, donde la ANT ha tomado decisiones sobre complejos cenagosos estratégicos como Amansaguapos, Machado y La Zapatosa.
El funcionario aseguró que estas actuaciones fortalecen la seguridad jurídica de los campesinos anfibios, favorecen la seguridad alimentaria y permiten que las comunidades desarrollen sus actividades productivas con mayor estabilidad.
La recuperación de baldíos fortalece la Reforma Agraria
El tercer frente de trabajo está relacionado con la recuperación de baldíos ocupados de manera indebida por particulares, procedimiento que representa el mayor aporte a las hectáreas recuperadas durante este periodo.
La mayor parte de estos casos se concentra en la altillanura colombiana, donde numerosos terrenos públicos permanecían en manos de personas que, según la ANT, no eran sujetos de la Reforma Agraria.
Para Ricardo Romero Cabezas, subdirector de Procesos Agrarios, estas decisiones buscan garantizar que las tierras públicas regresen al patrimonio de la Nación para ser entregadas a familias campesinas y comunidades étnicas que históricamente han tenido acceso insuficiente a la tierra.
“Estamos revirtiendo esa situación para garantizar que la tierra pública sea destinada a las familias campesinas que por décadas han luchado por un pedazo de tierra“, afirmó el funcionario.
La ANT destaca un hito en la protección ambiental
La Agencia también resaltó avances en materia ambiental mediante los procesos de extinción administrativa del derecho de dominio.
Por primera vez en la historia del régimen agrario colombiano, la ANT adoptó siete decisiones sobre inmuebles ubicados en ecosistemas cenagosos, especialmente en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, al considerar que existía incumplimiento de la función ecológica de la propiedad.
Según Romero Cabezas, estas decisiones constituyen uno de los avances más importantes en la protección de ecosistemas estratégicos, al aplicar los principios constitucionales que establecen que toda propiedad debe cumplir una función social y ambiental.
“La propiedad privada se respeta, pero la Constitución también establece que debe cumplir una función social y ecológica. Estas siete decisiones marcan un hito en el ejercicio de las facultades de la Autoridad Nacional de Tierras“, destacó.
Seguridad jurídica y conservación ambiental
La Agencia Nacional de Tierras sostuvo que estos procesos buscan equilibrar el aprovechamiento productivo del suelo con la conservación de los ecosistemas, fortaleciendo el ordenamiento territorial rural.
La entidad concluyó que la Reforma Agraria también avanza mediante la recuperación del patrimonio público, la seguridad jurídica sobre la propiedad rural y el cumplimiento de la función social y ecológica de la tierra, pilares que, según la ANT, continúan guiando las decisiones adoptadas en todo el país.
Con información de la Agencia Nacional de Tierras.
