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La gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, expresó su desacuerdo con la propuesta del presidente Gustavo Petro de trasladar $1 billón destinado al proyecto de recuperación de La Mojana para atender la emergencia provocada por el Fenómeno de El Niño, al considerar que la medida podría generar consecuencias jurídicas, presupuestales y contractuales.
A través de un documento enviado al Ministerio de Hacienda y a los organismos de control, la funcionaria presentó un concepto técnico en el que expone los riesgos que implicaría modificar la destinación de esos recursos, insistiendo en que ya están comprometidos para una intervención estratégica en esa región del país.
El Fondo de Adaptación presentó un concepto técnico y jurídico
El documento analiza los aspectos técnicos, jurídicos, presupuestales y contractuales relacionados con los recursos asignados al proyecto “Implementación de Medidas de Recuperación de las Dinámicas Hídricas Naturales de la Región de La Mojana”, iniciativa diseñada para reducir el riesgo de inundaciones y recuperar el equilibrio ambiental de la zona.
La gerente aclaró que el pronunciamiento no busca cuestionar la necesidad de atender otras emergencias nacionales, sino advertir sobre las implicaciones legales de modificar la destinación de los recursos.
Según el documento, “no constituye un pronunciamiento político ni una valoración sobre la conveniencia de atender otras emergencias nacionales, las cuales revisten la mayor importancia para el Estado“. Agrega que su único propósito es aportar información objetiva, verificable y con sustento jurídico sobre la situación presupuestal y contractual del proyecto, con el fin de exponer el estado real de los recursos y los instrumentos legales que los respaldan.
Advierten que los recursos ya están comprometidos
En el concepto, Angie Rodríguez sostiene que el billón de pesos asignado a La Mojana no corresponde a recursos de libre destinación, sino que hace parte de apropiaciones presupuestales respaldadas por vigencias futuras autorizadas por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS).
Además, explica que estos dineros se encuentran comprometidos mediante el patrimonio autónomo administrado a través del contrato de fiducia mercantil No. 049 de 2012 y están vinculados al cumplimiento de obligaciones técnicas y contractuales actualmente en ejecución.
Bajo ese escenario, la gerente advierte que un eventual traslado de los recursos hacia otra emergencia podría carecer de sustento legal, al afectar compromisos previamente adquiridos por el Estado.
El traslado pondría en riesgo el proyecto para La Mojana
El documento también señala que desviar esos recursos tendría un impacto directo sobre la ejecución de una política pública diseñada para proteger a miles de habitantes de La Mojana, una de las regiones más vulnerables a las inundaciones en Colombia.
La advertencia indica que la medida afectaría una intervención integral que ya fue estructurada, financiada y puesta en marcha, comprometiendo los derechos e intereses colectivos de las comunidades beneficiarias.
Más de una decena de municipios podrían verse afectados
Según el concepto emitido por la directora del Fondo de Adaptación, los principales perjudicados por un eventual traslado presupuestal serían los habitantes de los municipios de Nechí, Achí, Magangué, San Jacinto del Cauca, Ayapel, Caimito, Guaranda, Majagual, San Benito Abad, San Marcos y Sucre.
La funcionaria concluyó que estos territorios hacen parte de una estrategia de recuperación hídrica previamente financiada por el Estado colombiano, por lo que modificar la destinación de los recursos pondría en riesgo la continuidad de las obras y el cumplimiento de los objetivos establecidos para la recuperación de La Mojana.
Sala Digital Colmundo
