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El expresidente se pronunció este 20 de septiembre mientras la Corte Constitucional estudia qué autoridad debe continuar con la investigación.
El expresidente Álvaro Uribe pidió una definición de fondo sobre la investigación por las masacres de El Aro y La Granja, durante un pronunciamiento realizado este domingo 20 de septiembre. La Corte Constitucional estudia el conflicto de competencia entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
“Si yo hubiera sido paramilitar, lo habría sido de frente”, afirmó Uribe al referirse a los señalamientos que rodean el expediente. El expresidente pidió a los colombianos revisar su trayectoria durante los años en los que ocupó cargos públicos y reiteró su posición frente a las acusaciones.
El proceso aborda hechos de violencia ocurridos en Antioquia durante la década de 1990, entre ellos las masacres de La Granja y El Aro y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. La investigación también ha examinado posibles vínculos con estructuras paramilitares.
Uribe pide una decisión de fondo
Durante su intervención, el expresidente planteó que espera que la autoridad que quede a cargo del expediente determine su situación judicial. “Cualquiera que sea la jurisdicción que defina mi caso, pediré que me absuelvan o que me condenen”, sostuvo.
Uribe también afirmó que ha atendido los llamados de la Fiscalía y que continuará haciéndolo mientras sea requerido. “Me he sometido a la Fiscalía, he ido respetuosamente allí a atender la indagatoria”, manifestó.
El expresidente hizo referencia además a la posición de su abogado Jaime Granados, quien considera que el expediente no debió pasar a la Fiscalía y que debería permanecer en la Comisión de Acusación de la Cámara.
La disputa por la competencia
El conflicto jurídico surgió porque la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara reclamó el expediente que actualmente adelanta la Fiscalía. La discusión se relaciona con la competencia para investigar hechos ocurridos cuando Uribe era gobernador de Antioquia, antes de que llegara a la Presidencia de la República.
La Corte Constitucional deberá establecer cuál de las dos autoridades puede continuar con el proceso. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez fue designado ponente del conflicto y deberá presentar su proyecto ante la Sala Plena.
Mientras avanza esa discusión, la investigación continúa en una etapa en la que todavía no existe una decisión judicial que determine responsabilidad penal de Uribe por los hechos investigados. Las acusaciones forman parte del expediente y el expresidente ha negado los señalamientos.
“Cualquier decisión la respetaré”
Uribe aseguró que acatará la determinación que adopte el alto tribunal sobre la competencia. “Cualquier decisión la respetaré enteramente”, afirmó al referirse al futuro del expediente.
La definición de la Corte será el siguiente paso para establecer qué autoridad continuará con las actuaciones. El pronunciamiento también deja planteada la expectativa de Uribe de que el proceso avance hacia una decisión de fondo, ya sea absolutoria o condenatoria, en lugar de permanecer sin una resolución sobre su situación jurídica.
