DNI bajo la lupa: revelan presunto espionaje, interferencia electoral y contratos millonarios

Un informe reservado de 26 páginas advierte sobre posibles operaciones contra expresidentes, intentos de alterar elecciones y fallas en millonarias contrataciones durante el gobierno Petro.

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) enfrenta nuevos cuestionamientos por presuntas irregularidades en operaciones de espionaje, posibles interferencias electorales y contratación de equipos tecnológicos. Los señalamientos aparecen en documentos reservados conocidos por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que exponen actuaciones ocurridas durante el gobierno de Gustavo Petro.

Los hallazgos están consignados en un informe de empalme de 26 páginas, elaborado en julio de 2026 y dirigido al nuevo director de la entidad. El documento reúne fotografías, reportes internos y declaraciones de funcionarios que advierten sobre posibles irregularidades en el funcionamiento de la agencia.

Presunto espionaje a expresidentes y exvicepresidentes

Uno de los señalamientos más delicados apunta a una posible intención de instalar micrófonos y dispositivos GPS en los vehículos asignados a los esquemas de protección de expresidentes y exvicepresidentes.

Según el informe, el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026 incorporó a la DNI entre las entidades que participan en la asignación de estos vehículos. Los documentos advierten que esta modificación habría podido facilitar labores de inteligencia sobre las personas protegidas.

Juan Carlos Restrepo, exconsejero de seguridad nacional y exinspector de la DNI, cuestionó la participación de la agencia en estas funciones y señaló que podrían estar por fuera de sus competencias legales.

Otro apartado del informe menciona una presunta estrategia para mantener funcionarios cercanos al gobierno Petro dentro de la entidad. Según los documentos, algunos trabajadores habrían sido declarados insubsistentes sin justificación ni debido proceso, con la intención de que posteriormente acudieran a instancias judiciales y consiguieran su reintegro.

La investigación también advierte sobre la existencia de una presunta casa de inteligencia clandestina cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. El inmueble habría funcionado como sede operativa no registrada y habría sido desocupado después de las elecciones presidenciales. Los documentos señalan que posteriormente se habría eliminado cualquier registro de su existencia en los archivos de la DNI.

Equipos tecnológicos de Rusia bajo sospecha

Otro de los puntos incluidos en el informe tiene que ver con computadores y teléfonos celulares que funcionarios de inteligencia colombianos habrían recibido durante un viaje a Moscú, donde participaron en capacitaciones del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR).

La preocupación radica en que los dispositivos podrían contener programas maliciosos para acceder a los sistemas de la DNI y obtener información del siguiente gobierno.

Helicóptero no tripulado de $9.000 millones habría presentado fallas

Las presuntas irregularidades también alcanzan la contratación de tecnología para labores de inteligencia. Entre las adquisiciones cuestionadas aparece un helicóptero no tripulado por $9.000 millones, destinado a recolectar imágenes y videos para operaciones de inteligencia y contrainteligencia.

El equipo tendría un alcance de 600 kilómetros, autonomía de vuelo de hasta seis horas y capacidad para transmitir información en un rango de 200 kilómetros. Sin embargo, el informe señala que habría sido entregado con fallas en cuatro sistemas: comunicación, combustible, caja de transmisión y motor.

Incluso, un vuelo de prueba tuvo que cancelarse por razones de seguridad. La adquisición también estaría sometida a un proceso sancionatorio por presuntos incumplimientos de las especificaciones técnicas.

A estas observaciones se suma un siniestro ocurrido el 15 de marzo de 2026. Según los documentos, el helicóptero estaba asegurado por apenas $900 millones, equivalentes al 10 % de su valor de adquisición.

Camionetas, sistemas antidrones y computadores bajo revisión

Un segundo documento, de 11 páginas y enviado por la DNI a la Presidencia en septiembre de 2026, detalla otras adquisiciones y problemas administrativos.

Entre ellas figura la compra de cuatro camionetas Tahoe modelo 2024. Dos habrían sido acondicionadas con sistemas antidrones para la Casa de Nariño. La adquisición de tres de estos equipos representó un gasto de $8.340 millones.

La entidad también estaría verificando información sobre la posible capacidad de estos vehículos para interceptar comunicaciones, según lo reportado por uno de sus funcionarios.

En materia tecnológica, el informe advierte que la DNI se quedó sin una plataforma para registrar sus misiones de inteligencia y contrainteligencia desde 2024, luego de que no se renovara el contrato con el proveedor.

A esto se suma un sistema biométrico adquirido en 2022 por $580 millones que no pudo implementarse por incompatibilidad con los equipos de la entidad.

También se reportaron problemas de calidad en 595 computadores comprados en 2024 por $1.314 millones. Otro contrato, firmado en enero de 2026 por $1.549 millones, incluyó atriles de $14 millones cada uno y camas de $18 millones para las nuevas oficinas de la DNI en Funza, cuya construcción registraba un retraso del 12 %.

Funcionario de la DNI señalado de posible ataque contra la Registraduría

Uno de los capítulos más sensibles del informe involucra a Carlos Oyola, ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024 y que habría participado en actividades informáticas y de contrainteligencia.

Según los documentos internos, Oyola habría liderado una red que presuntamente buscaba alterar los resultados de las votaciones del 21 de junio de 2026. El informe sostiene que el funcionario se encontraba en Madrid, España, junto con otros integrantes de esa estructura, desde donde habrían planeado ejecutar ataques contra la Registraduría.

El documento también señala que Oyola tenía una orden de captura emitida por un juez el 7 de mayo de 2026. Además, habría escapado de un allanamiento de la Fiscalía a un apartamento que presuntamente funcionaba como fachada de la DNI, horas antes de la primera vuelta presidencial. En el inmueble quedaron computadores, celulares y otros dispositivos electrónicos.

Los antecedentes del ingeniero incluyen investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con el acceso a los sistemas informáticos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), además de señalamientos por falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.

La investigación también menciona una presunta falsificación de calificaciones para obtener títulos académicos y posibles vínculos con la coordinación de activistas digitales, bodegueros y hackers.

Otro señalamiento apunta a su participación en el desarrollo del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, una plataforma que debía registrar las operaciones de la entidad. Según el informe, Oyola no habría entregado el sistema y habría reportado el robo del computador en el que trabajaba, sin que existiera una denuncia ante la Fiscalía.

Noticias Caracol informó que Carlos Oyola fue capturado el viernes 6 de noviembre, en el marco del proceso relacionado con el presunto hackeo a la UNAD. Para ese momento, todavía figuraba como funcionario activo de la DNI.

Expresidentes no se pronunciaron sobre los señalamientos

La investigación periodística también buscó conocer la posición de varios expresidentes frente a las presuntas operaciones relacionadas con sus esquemas de seguridad. Sin embargo, ninguno aceptó pronunciarse públicamente.

El medio también solicitó respuestas a los dos últimos directores de la DNI durante el gobierno Petro y a la fiscal general Luz Adriana Camargo, pero no obtuvo contestación.

Los documentos conocidos abren nuevos interrogantes sobre el funcionamiento de la inteligencia estatal, el manejo de recursos públicos y las garantías de seguridad de los procesos electorales. La verificación de los señalamientos y las eventuales responsabilidades individuales e institucionales serán determinantes para establecer el alcance de las presuntas irregularidades.

Sala digital Colmundo