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La Gobernación de Antioquia prepara una política pública para prevenir el abuso sexual infantil. Según la Fiscalía, la mitad de las agresiones ocurre en el entorno familiar.
Antioquia registra 2.631 delitos sexuales denunciados e investigados contra menores de 18 años en lo corrido de 2026. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación, el 83 % de las víctimas son niñas, una situación que llevó a la Gobernación a avanzar en la formulación de una política pública para prevenir estas agresiones en el departamento.
La propuesta fue presentada durante el Consejo Departamental para la Política Social y Equidad y busca fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes. El objetivo es que la prevención no dependa únicamente de la reacción de las autoridades después de una agresión, sino que involucre a las familias, los colegios y las comunidades.
Las cifras muestran que la problemática se mantiene en el departamento. Durante 2025 se reportaron 4.787 casos, mientras que en 2024 fueron 4.397. Los 2.631 registros de 2026 corresponden a un periodo todavía en curso, por lo que no son directamente comparables con los totales de años anteriores.
La mitad de las agresiones ocurre en el hogar
Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es el entorno en el que se presentan estos delitos. Según Isabel Cristina Londoño Gómez, gerente de la Unidad de Programas Sociales de la Gobernación de Antioquia, el 50 % de los casos ocurre en el hogar y el presunto agresor es un familiar o una persona cercana al entorno de la familia.
La funcionaria hizo un llamado a fortalecer la protección desde los propios hogares. “Por eso reiteramos el llamado urgente a que las familias sean realmente un entorno protector y que es responsabilidad de los adultos garantizarle los cuidados y la protección a las niñas y niños. Como sociedad seguimos en deuda con ellos y ellas”, afirmó.
La política pública que prepara la administración departamental contempla acciones en cinco entornos: familiar, educativo, comunitario, institucional y digital. La intención es establecer responsabilidades entre entidades públicas, organizaciones privadas, colectivos sociales y organismos de cooperación.
Entre las instituciones convocadas están el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación, Unicef y la Asamblea de Antioquia.
La estrategia también busca mejorar la coordinación institucional, fortalecer los mecanismos de prevención y facilitar la activación de las rutas de atención cuando se identifiquen situaciones de riesgo o posibles vulneraciones de derechos.
La política pública llegaría a la Asamblea en 2027
La Gobernación adelanta espacios de socialización, escucha y articulación con los diferentes sectores para construir el documento. La administración departamental espera presentarlo ante la Asamblea de Antioquia durante el primer semestre de 2027, donde continuará el trámite correspondiente.
Mientras avanza esa formulación, el departamento desarrolla la campaña Antioquia nos protege, con actividades dirigidas a prevenir las violencias contra niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con el balance de la Gobernación, 10.320 menores recibieron herramientas de autocuidado durante 2026 para reconocer y prevenir diferentes formas de violencia. Además, 2.400 actores institucionales fueron capacitados en prevención de la violencia sexual y la explotación sexual comercial en 82 municipios.
La campaña también promovió la movilización de 10.176 personas en los 125 municipios de Antioquia contra el trabajo infantil y la explotación sexual de menores. A estas acciones se suman la activación de rutas de atención y el acompañamiento a niños, adolescentes y sus cuidadores.
El desafío será convertir estas iniciativas en una política sostenida, con responsabilidades definidas y capacidad de respuesta en todos los territorios. La protección de la niñez exige reconocer las señales de alerta, garantizar atención a las víctimas y evitar que los entornos familiares y comunitarios se conviertan en espacios de silencio frente a las agresiones.
