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La Cámara de Diputados inició el trámite de acusación contra el presidente y el vicepresidente Pedro Alliana, tras la crisis de Ueno Bank, que dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus recursos.
La crisis de Ueno Bank abrió un nuevo frente político en Paraguay. La Cámara de Diputados comenzó el trámite de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, señalados por presuntas actuaciones a favor de la entidad financiera, cuyo proceso de resolución fue ordenado por el Banco Central tras detectar un grave deterioro de su solvencia.
La iniciativa fue presentada el miércoles 4 de noviembre por 35 legisladores de la oposición y sectores disidentes del oficialismo, mediante dos libelos acusatorios que solicitan la salida de las principales autoridades del Ejecutivo. La controversia se trasladó al Congreso en medio de la incertidumbre de miles de ahorradores y de los cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos depositados en el banco.
El respaldo anunciado por sectores del Partido Colorado podría modificar el escenario legislativo. Según la información suministrada sobre el debate, la bancada oficialista A, integrada por 36 diputados, manifestó su intención de acompañar la acusación, mientras que el bloque B ya había anticipado su apoyo.
El proceso requiere el voto de dos tercios de la Cámara de Diputados para formular formalmente la acusación. Si supera esa instancia, el caso pasará al Senado, que tendrá a su cargo el juzgamiento político de los dos funcionarios.
Los señalamientos contra Peña y Alliana
El libelo acusatorio contra Santiago Peña plantea un presunto conflicto de intereses por sus vínculos accionarios con Ueno Holding, grupo empresarial relacionado con la entidad financiera. Los legisladores también cuestionan el nombramiento de Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, como titular del Banco Central del Paraguay.
Los diputados firmantes sostienen que el mandatario habría promovido modificaciones a las normas sobre conflictos de intereses y permitido que el Instituto de Previsión Social (IPS) mantuviera recursos depositados en Ueno Bank por encima de los límites establecidos.
En cuanto al vicepresidente Pedro Alliana, la acusación le atribuye presuntas gestiones políticas para proteger a la entidad y respaldar el destino de recursos previsionales. También cuestiona su actuación frente a las advertencias sobre los límites de crédito concedidos a empresas relacionadas con el banco.
Estas acusaciones hacen parte de los documentos presentados por los legisladores y deberán ser evaluadas dentro del procedimiento constitucional.
Ueno Bank: tres millones de clientes afectados por la crisis
El origen de la controversia está en la situación financiera de Ueno Bank, que tenía cerca de tres millones de clientes, una cifra que representa una proporción considerable de la población paraguaya.
El 2 de noviembre, el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) decidió iniciar el procedimiento de resolución de la entidad, después de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido. La decisión se conoció el martes 3 de noviembre y dio paso a la intervención para verificar la situación patrimonial del banco.
La medida dejó inicialmente a millones de usuarios sin posibilidad de gestionar sus cuentas y retirar sus ahorros. El organismo regulador explicó que el procedimiento busca preservar los activos y proteger a los depositantes.
El Banco Central estableció que los depósitos cuentan con una garantía de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes por persona y entidad financiera. Los saldos superiores deberán someterse a los mecanismos previstos en el proceso de resolución.
La situación también comprometió recursos del Instituto de Previsión Social. Según información publicada por medios paraguayos, el IPS mantenía alrededor de 355 millones de dólares en depósitos e inversiones en Ueno Bank, distribuidos entre certificados de depósito, bonos y cuentas a la vista. La cifra corresponde a recursos expuestos y no significa que la totalidad constituya una pérdida confirmada.
Protestas y exigencias de los ahorradores
La crisis financiera provocó reacciones de organizaciones sindicales y sociales, que reclamaron explicaciones sobre el manejo de los recursos y garantías para recuperar los ahorros.
El Frente Sindical y Social del Paraguay convocó a trabajadores, jubilados, ahorradores y ciudadanos a concentrarse frente al Panteón de los Héroes, en Asunción, para exigir la recuperación del dinero y que las autoridades investiguen a los responsables.
La crisis bancaria pasó de ser un problema financiero a convertirse en un cuestionamiento político sobre la relación entre el poder público, los organismos de control y los intereses empresariales.
El desenlace dependerá ahora de las decisiones del Congreso. Si la Cámara de Diputados aprueba las acusaciones, el Senado deberá adelantar el juicio político y decidir si existen méritos para separar de sus cargos a Peña y Alliana. Mientras tanto, la recuperación de los recursos de los ahorradores y la investigación de las posibles irregularidades seguirán marcando la agenda económica y política de Paraguay.
Nota editorial: se utiliza la denominación correcta Ueno Bank, no Banco Ueda. También se distingue el procedimiento de resolución financiera de una declaración de quiebra y los recursos comprometidos de las pérdidas efectivamente comprobadas.
