Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal tras 23 años de carrera internacional
5 noviembre, 2026
Santiago Peña enfrenta un juicio político en Paraguay por la crisis financiera de Ueno Bank
5 noviembre, 2026
La diligencia, ordenada por la Corte Suprema de Justicia, busca verificar mensajes, videos y archivos que respaldarían las denuncias. La Fiscalía también citó al director del DAPRE, Carlos Andrés Ríos, para el 10 de noviembre.
El caso de las 48 mujeres tendrá este jueves 5 de noviembre una nueva actuación judicial. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizará una extracción forense al celular de Deicy Jiménez, por orden de la Corte Suprema de Justicia, para recopilar elementos relacionados con sus denuncias contra el expresidente Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro.
La diligencia busca recuperar mensajes de WhatsApp, conversaciones de texto, videos, fotografías y otros archivos que, según la denunciante, respaldarían los señalamientos sobre una presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales y otros beneficios personales.
La inspección fue dispuesta por el despacho del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema. Jiménez confirmó que entregará voluntariamente el dispositivo y acudirá acompañada de su nueva abogada, Dina Luz Malo.
La información extraída deberá ser sometida a verificación judicial para establecer su autenticidad, contexto y relación con los hechos denunciados. La entrega del teléfono representa un nuevo paso en la recolección de elementos materiales dentro de las indagaciones.
Director del DAPRE deberá declarar ante la Fiscalía
En paralelo, la Fiscalía General de la Nación citó para el próximo martes 10 de noviembre al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Andrés Ríos Puerta, para que amplíe sus denuncias y aporte los elementos probatorios que asegura tener sobre el caso.
Ríos hizo públicas sus afirmaciones el pasado 21 de octubre, durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado. Allí sostuvo que durante la administración de Gustavo Petro habría existido una estructura de contratación que involucraba a 48 mujeres.
«De las 48 mujeres que tenía el presidente Petro en Presidencia, que lamentablemente las instrumentalizaba a punta de OPS, se lo vamos a demostrar al pueblo colombiano», afirmó el funcionario durante su intervención.
El director del DAPRE también aseguró que algunas mujeres habrían recibido contratos de prestación de servicios para mantener vínculos personales con el entonces mandatario. Según su declaración, varias de ellas estarían dispuestas a entregar información sobre el funcionamiento de esa presunta red.
La Fiscalía busca establecer el alcance de esas afirmaciones, identificar a las personas que podrían tener información sobre los hechos y determinar si existieron irregularidades en la contratación pública.
Las denuncias de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro
Deicy Jiménez aseguró que conoció a Gustavo Petro en 2019, cuando él se desempeñaba como senador, a través de una plataforma para adultos. Según su testimonio, posteriormente habría ingresado a una red de mujeres que recibían contratos con entidades estatales a cambio de compañía en reuniones privadas, fiestas y encuentros sexuales.
La denunciante sostiene que entre 30 y 40 mujeres habrían participado en esa dinámica, aunque el escándalo tomó el nombre de los 48 por las afirmaciones realizadas previamente por el director del DAPRE.
Jiménez también señaló que Petro supuestamente le solicitaba conseguir cocaína. De acuerdo con su relato, él le entregaba el dinero para comprarla y ella se encargaba de llevarla.
La mujer ya compareció ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 29 de octubre, donde ratificó sus señalamientos. Durante esa diligencia se comprometió a entregar el teléfono celular para que las autoridades examinaran su contenido.
Las acusaciones también involucran a la excongresista María José Pizarro. Jiménez afirmó que tuvo contratos con el Senado durante el periodo en que Pizarro ejerció la primera vicepresidencia de esa corporación, además de vinculaciones con el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Los contratos estatales que aparecen en los registros
Los registros públicos de contratación muestran que Deicy Jiménez tuvo diez contratos con entidades estatales, distribuidos entre el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Siete de esos contratos corresponden al Congreso, dos al Ministerio del Interior y uno a la Superintendencia. La existencia de estas vinculaciones está documentada, pero por sí sola no demuestra que hayan sido otorgadas a cambio de favores sexuales.
Uno de los contratos que permanece vigente fue suscrito con el Ministerio del Interior el 21 de enero de 2026, por 30.457.000 pesos, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de este año.
El objeto contractual corresponde a servicios de apoyo a la gestión para consolidar informes de seguimiento a proyectos financiados o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), destinado a iniciativas de seguridad y orden público.
Petro rechaza los señalamientos
El expresidente Gustavo Petro ha negado que durante su administración se utilizaran contratos públicos para obtener favores sexuales. Tras la reciente divulgación de un video en el que aparece junto a Jiménez, reiteró que nunca utilizó recursos ni decisiones del Estado para conseguir beneficios personales.
Petro también cuestionó que el material audiovisual se utilice como prueba de las acusaciones, al señalar que todavía debe establecerse su fecha, procedencia y contexto. Su defensa ha anunciado actuaciones judiciales frente a los señalamientos.
La investigación tiene dos escenarios de competencia. La Corte Suprema examina los hechos relacionados con el periodo en que Petro fue senador, mientras que las posibles conductas atribuidas a su ejercicio como presidente corresponden a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
La extracción forense del celular y la declaración del director del DAPRE serán dos actuaciones determinantes para contrastar las versiones y establecer si existen pruebas que permitan avanzar en las investigaciones. El caso podría involucrar nuevas declaraciones y revisiones de contratos estatales, mientras las autoridades deberán establecer si hubo utilización indebida de recursos públicos y eventuales responsabilidades de funcionarios o particulares.
