Hallan seis antenas Starlink y 582 celulares en megaoperativo en la cárcel La Picota de Bogotá
3 noviembre, 2026
Gobernadora del Tolima denunciará ante la CPI el ataque con cilindros bomba en Planadas
3 noviembre, 2026
La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exsuperintendente de Salud por una entrevista difundida en TikTok, en la que habría respaldado a un candidato presidencial y rechazado a su contendor.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Daniel Quintero Calle por presunta participación indebida en política durante la segunda vuelta presidencial de 2026. La decisión, anunciada este martes 3 de noviembre, está relacionada con una entrevista cuyo video circuló en TikTok, en la que el entonces superintendente Nacional de Salud habría expresado su apoyo a uno de los candidatos y su rechazo al otro.
El organismo de control busca establecer si Quintero utilizó su posición como funcionario público para intervenir en la contienda electoral, pese a las restricciones que establece la legislación colombiana para quienes ejercen responsabilidades dentro del Estado.
La investigación se concentra en las declaraciones realizadas durante la campaña presidencial y en las circunstancias en las que se produjo la entrevista. Para la Procuraduría, las manifestaciones del exfuncionario podrían haber comprometido los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia de la función pública.
Procuraduría calificó provisionalmente la falta como gravísima
Uno de los aspectos centrales de la decisión es la calificación jurídica provisional de la conducta. La Procuraduría considera que la presunta falta sería gravísima a título de dolo, lo que implica que, en esta etapa inicial, plantea que el comportamiento habría sido consciente y voluntario.
El proceso deberá establecer el alcance de las declaraciones, su relación con las funciones que desempeñaba Quintero y si existió una intervención que excediera los límites permitidos para los servidores públicos durante una campaña electoral.
La actuación se fundamenta en las restricciones constitucionales a la participación política de los funcionarios. El artículo 127 de la Constitución establece limitaciones para que quienes ejercen cargos estatales no utilicen su autoridad o posición institucional para intervenir en controversias electorales.
La formulación del pliego de cargos no significa que Daniel Quintero sea disciplinariamente responsable. El exfuncionario conserva el derecho a presentar descargos, controvertir las pruebas y ejercer su defensa durante el proceso.
El antecedente disciplinario de Quintero por participación en política
El nuevo expediente se suma a los antecedentes disciplinarios de Daniel Quintero por presuntas intervenciones en política. Durante su administración como alcalde de Medellín también fue investigado por publicaciones en redes sociales relacionadas con la campaña presidencial de 2022.
En julio de 2024, la Procuraduría anunció una sanción de primera instancia que contemplaba suspensión e inhabilidad especial. Como Quintero ya no ocupaba la Alcaldía, la sanción se convirtió en una multa.
La decisión fue confirmada en segunda instancia en noviembre de 2025, dentro de ese proceso relacionado con su gestión como mandatario de Medellín.
El expediente anunciado ahora corresponde a hechos diferentes y examina su comportamiento durante 2026, cuando se desempeñaba como superintendente Nacional de Salud.
¿Qué viene en el proceso disciplinario contra Daniel Quintero?
Con la formulación de cargos, el proceso entra en una nueva etapa en la que el investigado podrá responder a los señalamientos y presentar los argumentos y pruebas que considere pertinentes.
La Procuraduría tendrá que valorar el material probatorio para determinar si las declaraciones difundidas en TikTok constituyeron una intervención indebida en la campaña presidencial y si existe responsabilidad individual del exfuncionario.
El resultado de esta actuación determinará si Quintero enfrenta una nueva sanción disciplinaria por su comportamiento mientras ejercía un cargo en el Gobierno. El caso también vuelve a poner bajo examen los límites de la participación política de quienes ocupan posiciones dentro de la administración pública.
