Contraloría de Bogotá detecta hallazgos fiscales por más de $20.000 millones en contratos de Seguridad

Los hallazgos están relacionados con el control del combustible de vehículos oficiales, la construcción del Centro Especial de Reclusión y la URI de Suba.

La Contraloría de Bogotá identificó nueve hallazgos con incidencia fiscal por más de $20.000 millones en contratos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, tras una actuación especial de fiscalización cuyos resultados se conocieron el 29 de octubre de 2026. Las principales observaciones se concentran en el manejo del combustible de vehículos oficiales y en dos proyectos de infraestructura.

El mayor monto corresponde al control del combustible de la flota oficial, con $8.737 millones en hallazgos fiscales. La auditoría encontró deficiencias en la supervisión del consumo y evidenció que no se utilizaba el rendimiento de kilómetros por galón como parámetro de control.

Además, la revisión de 752 vehículos mostró inconsistencias en los registros de kilometraje, lo que dificultó comprobar si el combustible suministrado correspondía a los recorridos efectivamente realizados. La falta de trazabilidad limita la verificación del uso de los recursos destinados a la operación de los automotores oficiales.

El segundo caso corresponde a la fase II del Centro Especial de Reclusión (CER II), ubicado en Puente Aranda, donde se establecieron hallazgos fiscales por $8.100 millones. Las observaciones incluyen pagos por actividades que no estaban previstas inicialmente, presuntos sobrecostos en el suministro e instalación de una reja metálica y costos adicionales de interventoría asociados a las prórrogas de la obra.

En el proyecto de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Suba, la Contraloría identificó otros $3.146 millones en hallazgos fiscales. Estos se relacionan principalmente con el pago de actividades no previstas, asociado a deficiencias en los estudios y diseños, y con desembolsos adicionales de interventoría por las ampliaciones del plazo del proyecto.

Frente a los resultados, Fernando Poveda, director de Seguridad, Convivencia y Justicia, señaló que estos evidencian la necesidad de fortalecer la planeación, la supervisión y los mecanismos de control en la ejecución de los contratos públicos. El funcionario indicó que estas medidas deben garantizar el manejo adecuado de los recursos y que las inversiones respondan a las necesidades de la ciudad.

Los hallazgos ponen bajo revisión el control de los recursos destinados a la seguridad y la infraestructura de Bogotá. El seguimiento a los contratos y las actuaciones que se deriven de las observaciones serán determinantes para establecer las responsabilidades correspondientes y definir si procede la recuperación de recursos públicos.