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La acción busca proteger el buen nombre y la honra del registrador y de la Registraduría por declaraciones hechas durante el Gobierno Petro.
El Consejo de Estado admitió la tutela presentada por Hernán Penagos contra Gustavo Petro por las afirmaciones que el entonces presidente hizo sobre la Registraduría Nacional del Estado Civil y el proceso electoral de 2026. La decisión abre el trámite judicial para revisar los hechos y fue conocida este lunes.
La acción busca proteger los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la rectificación de Penagos, además del buen nombre de la Registraduría. Las declaraciones cuestionadas fueron publicadas entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, cuando Petro todavía ejercía la Presidencia.
Según la tutela, Petro realizó señalamientos sobre un supuesto fraude electoral y cuestionó elementos del proceso como el censo electoral, los puestos y mesas de votación y los formularios E-14.
El documento también recoge afirmaciones relacionadas con una supuesta manipulación de resultados y con una presunta negativa de la Registraduría a permitir la auditoría de su código fuente. Penagos sostiene que solicitó una rectificación, pero no recibió respuesta dentro del plazo establecido.
El debate sobre las declaraciones de un presidente
El Consejo de Estado deberá analizar ahora una circunstancia particular: aunque Petro actualmente actúa como particular, las declaraciones objeto de la tutela fueron realizadas cuando ejercía la Presidencia de la República.
Para el alto tribunal, ese cambio de condición no modifica el objeto de la discusión. El caso plantea la necesidad de establecer cómo se relacionan la libertad de expresión y el poder-deber de comunicación presidencial cuando las afirmaciones se refieren a una autoridad encargada de organizar los procesos electorales.
La corporación también señaló que el proceso tiene “importancia jurídica y trascendencia social”, debido a los derechos involucrados y a la naturaleza de las afirmaciones. Entre los aspectos que deberá considerar está el derecho de los ciudadanos a recibir “información veraz e imparcial sobre el proceso electoral”.
La discusión adquiere relevancia frente al proceso electoral de 2026, porque la Registraduría tiene a su cargo tareas centrales relacionadas con la organización y desarrollo de las elecciones. Las declaraciones públicas sobre sus sistemas y procedimientos pueden incidir en la percepción ciudadana sobre la confiabilidad del proceso.
Petro tendrá tres días para responder
Con la admisión de la tutela, Gustavo Petro tendrá tres días desde la notificación para ejercer su derecho de defensa y entregar un informe sobre los hechos planteados por Penagos.
El Consejo de Estado también vinculó al proceso a la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, entidades que podrán pronunciarse sobre los asuntos relacionados con la acción.
La decisión conocida hasta ahora no establece que las afirmaciones de Petro hayan vulnerado los derechos de Penagos o de la Registraduría. La admisión únicamente permite que el alto tribunal estudie la tutela y determine si existe una afectación que deba ser protegida mediante una decisión judicial.
El próximo paso será conocer las respuestas de las entidades vinculadas y de Petro. A partir de esos elementos, el Consejo de Estado deberá definir hasta dónde llega la libertad de expresión de un jefe de Estado frente a las autoridades electorales y qué responsabilidades pueden surgir cuando sus declaraciones afectan derechos fundamentales.
Sala Digital Colmundo
