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23 septiembre, 2026
Una comisión de entre 20 y 30 funcionarios fue atacada con explosivos, drones y ráfagas de fusil durante una diligencia contra las finanzas ilegales de la estructura Jaime Martínez.
Una comisión de la Fiscalía, el Ejército Nacional y Ecopetrol fue atacada este miércoles 23 de septiembre en zona rural de Timba, Cauca, cuando adelantaba una diligencia judicial dirigida contra las fuentes de financiación ilegal de las disidencias de las Farc. La Fiscalía atribuyó el ataque a presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez.
El grupo especial estaba conformado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), uniformados del Ejército y funcionarios de Ecopetrol. Según el reporte preliminar, entre 20 y 30 funcionarios participaban en el procedimiento judicial.
La comisión llegó al sector como parte de una investigación de la Fiscalía relacionada con las rentas que sostienen económicamente a las disidencias. Fuentes judiciales citadas por La FM señalaron que la diligencia buscaba avanzar en la incautación de un acopio de combustible que estaría en poder de integrantes de la estructura Jaime Martínez.
Ataque con drones y explosivos
Al llegar al punto establecido para la diligencia, los funcionarios fueron recibidos con explosivos, drones y ráfagas de fusil, de acuerdo con el reporte entregado por la Fiscalía. La agresión obligó a modificar el procedimiento en medio de la operación.
Uno de los vehículos del CTI resultó afectado por los impactos. Ante la intensidad del ataque, los servidores judiciales tuvieron que retirarse del lugar, mientras las tropas del Ejército que acompañaban la comisión permanecieron en la zona para enfrentar al grupo armado.
La acción muestra que la operación no estaba dirigida únicamente contra integrantes armados, sino contra una posible fuente de recursos utilizada para sostener las actividades de la estructura. La Fiscalía indicó que la investigación continuará pese al ataque.
Entrevista con el concejal Leandro Castellanos
El hecho también fue abordado en entrevista con el concejal de Bogotá Leandro Castellanos, quien ha llamado la atención en anteriores intervenciones sobre el impacto de los grupos armados y las rentas ilegales en los territorios.
Castellanos ya se había referido públicamente a la presencia de las disidencias y sus efectos sobre las comunidades. En 2024, tras el asesinato de su primo Josué Castellanos en Tame, Arauca, el concejal cuestionó la persistencia de la violencia y señaló que el narcotráfico estaba detrás de parte de las disputas territoriales.
El ataque en Timba ocurre en un contexto de presión de las autoridades sobre las estructuras armadas que operan en el suroccidente del país. En los últimos días, el Ejército también ha reportado operaciones contra integrantes de la estructura Jaime Martínez en el Cauca.
Fiscalía mantendrá la investigación
Tras el retiro de los funcionarios judiciales, la Fiscalía aseguró que reorientará sus esfuerzos en coordinación con las Fuerzas Militares para cumplir el objetivo de la diligencia.
La institución señaló que continuará las actividades investigativas para avanzar en la persecución de las finanzas criminales de la estructura señalada del ataque. El propósito es retomar las acciones dirigidas a identificar, afectar e incautar bienes o recursos vinculados con sus fuentes de financiación.
Para las comunidades de esta zona del Cauca, el episodio vuelve a poner en evidencia la disputa por el control de economías ilegales. La continuidad de las investigaciones dependerá ahora de la capacidad de las autoridades para regresar al territorio y concretar la operación que fue interrumpida por el ataque.
