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El Consejo de Estado prepara el fallo sobre la pérdida de investidura del expresidente del Senado, preso por el caso de corrupción.
La Procuraduría considera que no existen pruebas suficientes para demostrar que Iván Name recibió los $3.000 millones que presuntamente habrían sido entregados como soborno en el caso de la UNGRD. El concepto fue presentado ante el Consejo de Estado, que prepara el fallo sobre la demanda de pérdida de investidura contra el expresidente del Senado.
El proceso busca establecer si Name incurrió en tráfico de influencias como congresista, una causal invocada en la demanda presentada en 2024 por Juan Carlos Calderón España. El magistrado Jorge Edison Portocarrero radicó el 25 de agosto el proyecto de sentencia ante la sala especial que estudia el caso.
La Procuraduría se opuso a la pérdida de investidura. El procurador sexto delegado ante el Consejo de Estado, José Darío Castro Uribe, sostuvo que no se acreditaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que Name hubiera ejercido presión, influencia psicológica o constreñimiento sobre la entonces consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz.
Ortiz aparece dentro de la misma trama investigada por la Fiscalía. Tanto ella como Name afrontan procesos penales por su presunta participación en una red que habría manipulado contratos y distribuido sobornos desde la UNGRD y el Invías durante el gobierno de Gustavo Petro.
Testimonios no señalan directamente a Name
Uno de los puntos centrales del concepto de la Procuraduría está en los testimonios de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de esa entidad. Ambos tienen principios de oportunidad acordados con la Fiscalía y avalados judicialmente.
Según Castro, ninguno de los dos señaló a Name como la persona que habría solicitado la entrega del dinero. El procurador recordó que la supuesta orden de entregar los recursos habría sido impartida por Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, a López.
La Procuraduría también cuestionó que se haya demostrado que el dinero terminó en manos de Name. Castro planteó que, incluso si se aceptara esa hipótesis, el expediente no demostraría que el entonces presidente del Senado hubiera utilizado su cargo para favorecer las reformas del Gobierno.
El argumento adquiere peso dentro de la pérdida de investidura porque, según el Ministerio Público, Name fue detractor de varias iniciativas del Ejecutivo e incluso votó en contra de ellas. Para la Procuraduría, ese elemento contradice la hipótesis de que hubiera recibido el dinero a cambio de impulsar las reformas.
Castro concluyó que el expediente deja un escenario de duda sobre la existencia de una influencia indebida y sobre la recepción de la millonaria suma. En su concepto, esa duda debería resolverse “en favor del demandado”.
Consejo de Estado define el futuro del proceso político
El proyecto de fallo quedó en manos del magistrado Jorge Edison Portocarrero y de los integrantes de la sala especial de pérdida de investidura: Pedro Pablo Vanegas Gil, William Edgardo Barrera Muñoz, Myriam Stella Gutiérrez Argüello y Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
Aunque una eventual pérdida de investidura ya no tendría un efecto práctico sobre Name, porque dejó de ser senador, la decisión tendrá relevancia dentro del expediente que rodea el escándalo de corrupción de la UNGRD.
Mientras el Consejo de Estado estudia el proyecto, Name permanece detenido preventivamente en la cárcel La Picota y participa de manera virtual en las actuaciones judiciales. Su situación carcelaria corresponde a un proceso penal distinto del litigio de pérdida de investidura.
La investigación penal sigue abierta
La Corte Suprema de Justicia mantiene a Name y al expresidente de la Cámara Andrés Calle privados de la libertad por el proceso relacionado con la UNGRD. El alto tribunal considera que todavía existen diligencias relevantes pendientes, entre ellas la ubicación y eventual declaración de Carlos Ramón González, quien permanece fuera del país.
La Corte también ordenó la práctica de pruebas relacionadas con los movimientos de dinero que forman parte de la investigación. Entre ellas está el análisis de transferencias y retiros que supuestamente estarían relacionados con los pagos investigados.
Un perito especializado en criptomonedas deberá analizar movimientos por cerca de $1.000 millones que Sneyder Pinilla habría transferido y retirado en Bogotá y Montería, dentro de la hipótesis de un pago relacionado con Andrés Calle.
El proceso también contempla la declaración de Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, sobre el trámite de la reforma pensional en el Congreso, además de la entrega de documentos relacionados con un préstamo superior a $2.000 millones que habría sido utilizado, según la investigación, para entregar dinero a Pinilla.
La Corte había rechazado previamente solicitudes de libertad de Name y Calle. En julio, un auto de 52 páginas respaldó la continuidad de la detención mientras avanza la obtención de pruebas en el extranjero.
El Consejo de Estado tiene ahora la palabra en el proceso de pérdida de investidura. Su fallo podrá establecer si existe responsabilidad en el ámbito político-electoral, mientras la justicia penal continúa determinando si hubo sobornos y quiénes participaron en su entrega y recepción.
