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El acuerdo contempla una condena de tres años de prisión y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por dos años y cinco meses.
Juliana Guerrero aceptó su responsabilidad por la obtención y presentación de títulos académicos falsos y firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, según fue revelado durante una audiencia judicial. La negociación abre el camino para una sentencia anticipada por los hechos relacionados con la Fundación Universitaria San José.
De acuerdo con la Fiscalía, Guerrero habría obtenido fraudulentamente los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable de esa institución. Posteriormente, habría intentado cargarlos en el Sigep II para respaldar su perfil y acceder al cargo de viceministra de Juventudes en el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.
Preacuerdo contempla tres años de prisión
Durante la audiencia, la fiscal delegada explicó los términos de la negociación alcanzada con Guerrero. El beneficio pactado contempla una condena de tres años de prisión, además de una inhabilidad para ejercer cargos públicos.
La inhabilidad prevista en el acuerdo sería de dos años y cinco meses, como parte de las condiciones establecidas tras la aceptación de responsabilidad de la procesada.
El preacuerdo deberá avanzar en el trámite judicial correspondiente para que se determine su aprobación y se concrete la sentencia anticipada.
Los títulos fueron utilizados para respaldar su perfil
La investigación de la Fiscalía sostiene que Guerrero habría presentado los documentos académicos para acreditar una formación profesional que le permitiera avanzar en su aspiración dentro del Gobierno nacional.
Según la hipótesis del ente acusador, los documentos fueron cargados al Sigep II, plataforma utilizada para registrar información relacionada con servidores públicos, en una actuación que habría inducido a error al Ministerio de la Igualdad.
El caso generó atención porque los títulos cuestionados estaban relacionados con la aspiración de Guerrero a ocupar la Viceministerio de Juventudes, durante la administración de Gustavo Petro.
Audiencia se produce después de aplazamientos
La revelación del preacuerdo se produjo durante una diligencia judicial que antecede un nuevo intento de la Fiscalía para avanzar con la acusación formal. El proceso ya había enfrentado aplazamientos en anteriores oportunidades.
Con la aceptación de responsabilidad y la negociación presentada ante el juez, el proceso toma ahora el camino de una sentencia anticipada, siempre que la autoridad judicial avale los términos del acuerdo.
El siguiente paso será la decisión del juez sobre el preacuerdo. Si este recibe aprobación, Juliana Guerrero deberá cumplir las condiciones de la condena negociada, incluida la pena de prisión y el periodo de inhabilidad para ejercer cargos públicos.
