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La decisión fue adoptada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, luego de que el Gobierno terminara la mesa de conversaciones y revocara las vocerías de la organización armada.
La Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra siete exmiembros representantes de Comuneros del Sur, luego de que el Gobierno Nacional diera por terminada la mesa de diálogo con esta estructura armada ilegal. La medida quedó establecida en la Resolución 00273 del 7 de septiembre de 2026, firmada por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón.
La decisión judicial se produjo pocos días después del giro adoptado por el Ejecutivo. El 3 de septiembre, mediante la Resolución Presidencial 365, el Gobierno terminó la mesa de diálogo con el autodenominado Frente Comuneros del Sur y, ese mismo día, expidió las resoluciones 366, 367 y 368 para revocar las designaciones de sus integrantes como miembros representantes.
La pérdida de esa condición tuvo un efecto directo. La suspensión de las órdenes de captura estaba ligada a la participación de los integrantes como voceros en la negociación, por lo que, al quedar sin vigencia esas designaciones, desapareció también el beneficio que mantenía suspendidas las medidas judiciales.
Siete integrantes vuelven a estar bajo requerimiento
La Fiscalía confirmó que la reactivación cobija a siete exmiembros representantes de Comuneros del Sur. Entre ellos figuran Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, alias “Chuki”; Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”; Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, alias “Taliana”; Santo Eligio García Natascuas, alias “Santos”; y Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias “Lalo”.
También aparecen en la lista Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Alfonso Rodríguez Canticuz, quienes vuelven a quedar bajo requerimiento de las autoridades judiciales tras la pérdida de la condición que les permitía mantener suspendidas las órdenes de captura.
La Fiscalía precisó que la medida no cobija de la misma manera a todas las personas que habían sido incluidas inicialmente en solicitudes relacionadas con el proceso. En algunos casos las órdenes de captura ya estaban activas, mientras que otras personas nunca habían tenido suspendidas esas medidas.
Policía, DIJIN y CTI deberán ejecutar las órdenes
Con la resolución, el asunto pasa ahora de la decisión administrativa y judicial a la fase operativa. La Fiscalía ordenó comunicar la medida a las autoridades de policía judicial para que actúen dentro de sus competencias.
La Policía Nacional, la DIJIN y el CTI deberán adelantar las acciones correspondientes para localizar a las siete personas y hacer efectivas las órdenes de captura, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley.
La determinación abre un nuevo escenario para Comuneros del Sur después del cierre de las conversaciones con el Gobierno. La estructura pierde así el marco de negociación que había permitido a sus representantes mantener suspendidas las órdenes judiciales.
La consecuencia inmediata es que el Estado vuelve a activar sus mecanismos judiciales contra siete integrantes de la organización, mientras las autoridades buscan establecer su ubicación y ejecutar las capturas.
El cambio también marca un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y Comuneros del Sur. Con la mesa terminada y las vocerías revocadas, las decisiones sobre los integrantes de la estructura regresan al terreno judicial y operativo, un escenario que podría aumentar la presión de las autoridades sobre esta organización en las próximas semanas.
