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La Fiscalía judicializó a dos presuntos integrantes de una organización que habría obtenido más de $500 millones al vender propiedades que no les pertenecían entre 2025 y 2026.
Una red dedicada a la venta fraudulenta de inmuebles fue desarticulada por la Fiscalía General de la Nación tras una investigación que permitió identificar un esquema de estafas en Bogotá, Mosquera y Funza. Dos presuntos integrantes fueron judicializados por, al parecer, engañar a compradores mediante la oferta de viviendas publicadas en redes sociales, utilizando documentos falsificados y la suplantación de los verdaderos propietarios.
De acuerdo con la investigación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), los hechos ocurrieron entre noviembre de 2025 y abril de 2026. La organización captaba a las víctimas mediante anuncios de venta de casas y apartamentos en plataformas digitales, para luego concertar visitas a inmuebles que previamente habían tomado en arriendo, haciéndose pasar por sus dueños legítimos.
El eje de la modalidad consistía en generar confianza antes de concretar la estafa. Los presuntos responsables mostraban las propiedades, respondían preguntas de los interesados y organizaban las citas como si fueran propietarios, con el objetivo de convencer a los compradores de entregar anticipos o cerrar la negociación.
La Fiscalía estableció que la red habría contado con la participación de una empleada de una notaría, quien presuntamente facilitaba la expedición de documentos fraudulentos. Certificados de tradición y libertad con sellos falsificados y otros soportes eran utilizados para dar apariencia de legalidad a las compraventas y engañar a las víctimas.
Los procesados fueron identificados como Mauricio Navarrete Sarabia y Yuli Stella Guerrero López, auxiliar de una notaría. Según el ente acusador, Navarrete presuntamente suplantaba a los propietarios y acudía a las notarías para autenticar documentos, mientras que Guerrero López habría aprovechado su acceso a los sistemas de verificación biométrica para facilitar la expedición de documentación irregular.
Durante la investigación, la Fiscalía documentó al menos seis casos en los que los verdaderos propietarios nunca autorizaron la venta de sus inmuebles. Tras recibir el dinero, los implicados cortaban toda comunicación con los compradores, quienes descubrían posteriormente que habían sido víctimas de una estafa.
Las autoridades estiman que la organización obtuvo de manera fraudulenta más de $500 millones, producto de estas operaciones ilegales. El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de las transacciones inmobiliarias sin las verificaciones jurídicas correspondientes y la necesidad de confirmar la autenticidad de la documentación antes de realizar cualquier pago.
Por estos hechos, un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir, estafa simple, estafa agravada, acceso abusivo a sistema informático agravado, obtención de documento público falso y falsedad material en documento público. Mauricio Navarrete aceptó los cargos, mientras que Yuli Stella Guerrero no aceptó su responsabilidad.
Por decisión de un juez de control de garantías, Guerrero López fue enviada a un centro carcelario, mientras que Navarrete Sarabia cumplirá medida de aseguramiento en su lugar de residencia. La Fiscalía continuará las investigaciones para establecer si existen más personas involucradas y determinar el alcance total de una red que afectó a compradores de vivienda en Bogotá y Cundinamarca.
Sala Digital Colmundo
