El presidente electo anunció una reforma para que asesinos y abusadores de niños no recuperen la libertad, tras el crimen de María Camila Potosí y la bebé Alahia.

El caso de María Camila Potosí llevó al presidente electo Abelardo de la Espriella a anunciar una reforma para endurecer las penas contra asesinos y abusadores de niños. La decisión fue comunicada luego del hallazgo del cuerpo de la bebé Alahia, en medio de la investigación por el homicidio de su madre en Cali, un hecho que ha generado conmoción nacional.

A través de su cuenta en X, De la Espriella informó que instruirá a su Consejo de Ministros para que impulse una iniciativa legislativa orientada a imponer sanciones más severas contra quienes cometan delitos contra menores de edad. El objetivo, explicó, es evitar que los responsables recuperen la libertad.

“Hoy mismo, en el Consejo de Ministros designados, daré la instrucción para que mi Gobierno abandere el endurecimiento de las penas para asesinos y abusadores de niños”, escribió el presidente electo. En el mismo mensaje afirmó que la reforma busca garantizar “no solo una pronta justicia, sino también que no vuelvan a ver la libertad mientras vivan”.

El mandatario electo sostuvo que la protección de la infancia será uno de los pilares de su Gobierno y rechazó con dureza los hechos ocurridos en Cali. “Defiendo la vida, defiendo a la mujer y considero que los niños son sagrados”, manifestó, al tiempo que calificó a los responsables de la muerte de la bebé Alahia como autores de una “barbarie”.

Además del componente punitivo, De la Espriella aseguró que la respuesta del Estado debe enfocarse en la prevención. Según explicó, el fortalecimiento de las políticas de cuidado y protección de la niñez debe complementarse con penas más severas, como mecanismo para disuadir este tipo de delitos.

El asesinato de María Camila Potosí y el hallazgo sin vida de la bebé Alahia reavivaron el debate sobre las sanciones penales en Colombia. Organizaciones sociales, líderes políticos y ciudadanos han expresado su indignación y han pedido medidas que refuercen la protección de los menores frente a hechos de violencia extrema.

La propuesta del presidente electo deberá traducirse en un proyecto de ley que será debatido en el Congreso, donde se definirá el alcance de las nuevas sanciones. El caso se perfila como uno de los primeros temas de seguridad y justicia que marcarán la agenda del próximo Gobierno, en medio de la presión ciudadana por fortalecer la protección de la infancia.

Sala Digital Colmundo