Gobierno Petro anuncia plan ante suspensión de recursos para sequía

El Ejecutivo activó medidas con alcaldías y destinó $244.000 millones para apoyar al campo tras la suspensión del traslado de $4 billones a la UNGRD.

El Gobierno Petro anunció un paquete de medidas para enfrentar la temporada de sequía prevista entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente las normas que permitían el traslado de $4 billones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión llevó al presidente Gustavo Petro a convocar un consejo de ministros para definir acciones frente a la contingencia.

El eje del debate es la financiación de la respuesta al fenómeno de El Niño. Durante la reunión, el presidente volvió a cuestionar al magistrado Pablo Andrés Córdoba Acosta, tras la decisión del Consejo de Estado que frenó el decreto relacionado con el traslado de recursos hacia la UNGRD, al advertir que la medida genera incertidumbre sobre la capacidad de respuesta del Estado ante una sequía de gran magnitud.

Pese al revés judicial, el Gobierno confirmó que ya comprometió recursos a través de las alcaldías para fortalecer la preparación de los territorios más vulnerables. La estrategia busca anticiparse a los efectos del fenómeno climático y coordinar acciones con las administraciones locales antes del inicio de la temporada seca.

El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Ocampo, anunció una inyección de cerca de $244.000 millones para respaldar al sector agropecuario. Los recursos se destinarán a seis instrumentos de financiamiento y gestión del riesgo, diseñados para proteger a los productores rurales frente a los impactos del fenómeno de El Niño.

Según el Ministerio de Agricultura, la sequía reducirá la disponibilidad de agua y el rendimiento de los cultivos, dos factores que podrían afectar directamente la producción nacional de alimentos. El deterioro de los pastos y el estrés térmico en los animales también amenazan la actividad pecuaria en varias regiones del país.

El Gobierno advirtió que las consecuencias podrían extenderse a toda la cadena de abastecimiento, incrementando el riesgo para la seguridad alimentaria y afectando los ingresos de miles de familias campesinas. Los medios de vida de la población rural figuran entre los principales focos de atención de las medidas anunciadas.

Mientras continúa el proceso judicial sobre el decreto suspendido, el Ejecutivo deberá buscar nuevas fuentes de financiación para atender la emergencia climática. La forma en que se articulen los recursos nacionales y territoriales será determinante para mitigar los efectos de una sequía que podría impactar la producción agrícola, el abastecimiento de alimentos y el acceso al agua en distintas zonas de Colombia.

Sala Digital Colmundo