Nueva Ley Minera propone proteger el agua y modernizar el sector

El Gobierno radicó en el Congreso una nueva Ley Minera que busca fortalecer la formalización, proteger las fuentes hídricas y adaptar el sector a la transición energética.

La Nueva Ley Minera comenzó su trámite en el Congreso de la República con una propuesta que busca modernizar el sector minero, fortalecer el papel del Estado y establecer nuevas reglas para proteger el agua, los territorios y los trabajadores. El proyecto también plantea impulsar la industrialización de la minería y promover la formalización de la pequeña minería.

La iniciativa parte de un cambio de enfoque frente al aprovechamiento de los minerales estratégicos para la transición energética. En lugar de mantener un modelo centrado exclusivamente en la extracción, el Gobierno propone desarrollar cadenas de valor que generen mayor impacto económico en las regiones donde se realiza la actividad minera.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, pidió al Congreso darle prioridad a la discusión del proyecto. Según explicó, la reforma es clave para fortalecer la planeación minera y ambiental del país y garantizar los derechos de las comunidades vinculadas al sector.

Uno de los ejes del articulado es el fortalecimiento de la soberanía del Estado sobre los recursos del subsuelo. Para lograrlo, la propuesta contempla mejorar el conocimiento geológico como un bien público y optimizar la planificación de las áreas donde se encuentran minerales considerados estratégicos para el desarrollo nacional.

La reforma también crea un régimen especial para la pequeña minería, la minería tradicional y la minería ancestral. El objetivo es facilitar la formalización de miles de mineros, apoyar procesos de reconversión productiva cuando sean necesarios y establecer reglas específicas para las comunidades étnicas que desarrollan actividades mineras.

En el componente ambiental, el proyecto incorpora una licencia ambiental integral que abarcará todas las etapas de los proyectos mineros, desde la exploración hasta el cierre y el poscierre. Además, plantea la caducidad de los títulos mineros cuando se ocasionen daños a las fuentes hídricas y amplía las causales para excluir territorios de la actividad minera por razones ambientales, culturales o sociales.

La iniciativa también endurece las obligaciones de las empresas frente a los impactos de la explotación minera. Entre las nuevas exigencias figura la presentación de planes de cierre progresivo y definitivo desde el inicio de cada proyecto, respaldados con garantías que permitan prevenir pasivos ambientales, laborales y sociales.

En materia laboral, el proyecto fortalece la protección de los trabajadores mineros mediante mayores herramientas de fiscalización, garantías durante los procesos de cierre de operaciones y medidas de acompañamiento para las regiones que enfrenten procesos de reconversión económica derivados de la transición productiva.

La viceministra de Minas, Sorrel Parisa Aroca Rodríguez, aseguró que la propuesta busca consolidar los avances en formalización minera y simplificar los trámites para quienes ejercen la actividad dentro de la legalidad. Según indicó, el propósito es fortalecer un modelo que facilite la implementación de reglas claras para el sector.

Con la radicación de la Nueva Ley Minera, el Gobierno abre un debate que enfrentará intereses económicos, ambientales y sociales en el Congreso. El futuro del proyecto definirá el marco jurídico que regirá la minería en Colombia durante los próximos años y el papel que tendrá el sector en la transición energética del país.

Humberto ‘Toto’ Torres