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La cabildante aseguró que tuvo acceso a un convenio de gestación subrogada en el que, según afirmó, mujeres en condición de vulnerabilidad serían inducidas a firmar cláusulas que calificó como inconstitucionales, mientras ciudadanos extranjeros pagarían millonarias sumas por el proceso.
Durante una intervención en la Plenaria del Concejo de Bogotá, la concejala Tata Hernández denunció que la gestación subrogada estaría operando en la capital mediante presuntos esquemas de engaño e instrumentalización del cuerpo de las mujeres. Según sostuvo, estas prácticas estarían vinculadas a contratos que incluyen compromisos para entregar a los recién nacidos a ciudadanos extranjeros.
Concejala cuestiona la legalidad del contrato de gestación subrogada
De acuerdo con la denuncia, uno de los aspectos que más preocupa es que el convenio señala que se rige por las leyes colombianas, pese a que, según recordó la concejala, la gestación subrogada no cuenta con una reglamentación específica en el país.
Hernández afirmó que el documento obligaría a la mujer gestante a renunciar a la maternidad y entregar al menor inmediatamente después del nacimiento, desconociendo, según su interpretación, el principio jurídico que reconoce como madre legal a quien da a luz.
Denuncian cláusulas que impedirían retractarse y facilitarían la salida del menor del país
La concejala también advirtió sobre cláusulas que impedirían a la gestante retractarse del acuerdo, al establecer posibles acciones judiciales en caso de incumplimiento.
Asimismo, señaló que otras disposiciones del contrato obligarían a gestionar de manera inmediata pasaportes y visas para los recién nacidos, con el propósito de facilitar su salida del país. Según la denuncia, las mujeres también tendrían que renunciar definitivamente a conocer el paradero del menor una vez concluido el proceso.
Pagos cercanos a $50 millones y restricciones durante el embarazo
Otro de los puntos expuestos por Hernández tiene que ver con la compensación económica prevista en el convenio. Aunque el documento haría referencia a un proceso “altruista”, la concejala aseguró que establece pagos mensuales de hasta 4.737.500 pesos, para un total cercano a 50 millones de pesos durante todo el embarazo.
La cabildante cuestionó esa denominación al considerar que no corresponde a un apoyo de sostenimiento, sino que representa una compensación económica por la gestación. En ese sentido, sostuvo que calificar esos recursos como simples ayudas constituye una distorsión de la naturaleza del acuerdo.
También denunció restricciones a la autonomía de las gestantes
Durante el debate, Hernández afirmó que el contrato impondría amplias limitaciones a la autonomía de las mujeres, al exigirles asumir todos los riesgos derivados del embarazo, incluidas posibles complicaciones médicas graves, y eximir de responsabilidad al padre biológico y a la clínica que participe en el procedimiento.
Según explicó, las gestantes tampoco podrían cambiar de residencia, modificar su número telefónico o salir de la ciudad sin autorización previa, condiciones que, a su juicio, vulneran sus derechos fundamentales.
Piden investigar a clínicas y empresas que promueven estos convenios
La concejala aseguró que esta situación no corresponde a un escenario hipotético, sino a una práctica que, según denunció, estaría creciendo en Bogotá. Además, afirmó que en 2026 una mujer habría fallecido por complicaciones relacionadas con este tipo de procedimientos, por lo que hizo un llamado a las autoridades para investigar a las clínicas y empresas que estarían promoviendo estos contratos.
Finalmente, Hernández insistió en que las entidades competentes deben intervenir para garantizar la protección de los derechos de las mujeres y de los niños, al advertir que, de no adoptarse medidas, este tipo de prácticas podría seguir expandiéndose en la ciudad.
Sala Digital Colmundo
