Gobernador de Antioquia cuestiona inspección de la Supersalud a la Fábrica de Licores y advierte posible persecución política

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su preocupación por la inspección ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud a la Fábrica de Licores de Antioquia y a la Secretaría de Hacienda departamental, al considerar que la actuación debe desarrollarse estrictamente dentro de las competencias legales y sin motivaciones políticas.

La inspección es liderada por Juan David Duque García, superintendente delegado para Entidades Territoriales del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y hasta el momento no se han reportado hallazgos o conclusiones derivadas de la visita. Sin embargo, la decisión ha generado inquietud en el Gobierno Departamental debido a la importancia estratégica de las entidades inspeccionadas.

A través de su cuenta en X, Rendón manifestó que espera que el procedimiento se realice conforme a la ley y sin convertirse en un mecanismo de presión contra Antioquia. El mandatario sugirió que la actuación de la entidad nacional no debe interpretarse como una represalia relacionada con los recientes resultados electorales en el departamento.

Las declaraciones del gobernador reabrieron el debate sobre el alcance de la inspección y sobre si esta responde exclusivamente a criterios técnicos. La preocupación expresada por el mandatario surge en un contexto de tensiones políticas entre sectores del Gobierno Nacional y algunas administraciones regionales, aunque hasta ahora no existe evidencia pública que respalde una motivación distinta a la institucional.

Una empresa clave para las finanzas de Antioquia

En el centro de la controversia se encuentra la Fábrica de Licores de Antioquia, considerada uno de los principales motores económicos del departamento. Durante 2025, la compañía aportó más de un billón de pesos por concepto del impuesto al consumo, recursos que fueron destinados al financiamiento de programas de salud, educación, deporte y cultura.

Además, la empresa transfirió más de 39.200 millones de pesos mediante el recaudo de estampillas. Parte de esos recursos beneficiaron directamente a la Universidad de Antioquia y a programas de fortalecimiento deportivo en el departamento, consolidando su papel como una fuente fundamental de financiación para distintos sectores sociales.

Antioquia espera resultados de la inspección

Mientras avanza el proceso, las autoridades departamentales permanecen a la expectativa de los resultados de la visita de la Superintendencia, confiando en que el procedimiento se lleve a cabo con total transparencia y dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

Desde la administración se insiste en que cualquier actuación sobre una entidad de la magnitud de la Fábrica de Licores de Antioquia tiene repercusiones económicas y sociales significativas para la región. Por ello, el seguimiento a la inspección será permanente por parte de las autoridades locales y de diversos sectores ciudadanos.

Supersalud asegura que Antioquia no es un caso aislado

Frente a los cuestionamientos, la Superintendencia Nacional de Salud explicó que la visita forma parte de una estrategia nacional de vigilancia y control que ya ha superado las 500 inspecciones en dispensarios de medicamentos y otras entidades relacionadas con el sistema de salud en diferentes regiones del país.

La entidad también recordó que otras secretarías de salud departamentales y municipales, entre ellas las de Bogotá, Magdalena, Santa Marta y Santander, han sido objeto de revisiones similares, como parte de un plan de supervisión de alcance nacional.

Según la Superintendencia, las fábricas de licores hacen parte de los sujetos incluidos en la actual agenda de inspección. Esto significaría que la revisión a la empresa antioqueña corresponde a una estrategia que posteriormente se extendería a otras regiones productoras del país, descartando que se trate de una actuación exclusiva contra Antioquia.

Por ahora, la atención permanece centrada en los resultados que arroje la visita técnica. El Gobierno Departamental mantiene sus reparos y exige garantías de imparcialidad, mientras la Superintendencia sostiene que se trata de un procedimiento rutinario dentro de sus funciones de vigilancia y control.

Humberto ‘ Toto’ Torres