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Las víctimas del magnicidio del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay solicitaron a un juez de Bogotá que no avale el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Elder José Arteaga, alias ‘El Costeño’, señalado como uno de los principales responsables de la planeación y coordinación del atentado ocurrido el 7 de junio de 2025 en la localidad de Fontibón.
La petición fue presentada ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá durante la audiencia en la que se analiza la legalidad del acuerdo judicial alcanzado entre el ente acusador y el procesado.
Víctimas consideran que el preacuerdo vulnera sus derechos
La representación judicial de la familia de Miguel Uribe Turbay manifestó su rechazo a la negociación, al considerar que la reducción de la pena resulta desproporcionada frente a la gravedad de los hechos investigados.
El abogado Víctor Mosquera, apoderado de las víctimas, pidió al juez abstenerse de otorgar legalidad al preacuerdo al argumentar que la decisión podría generar una nueva afectación para quienes resultaron impactados por el crimen.
“En nuestra calidad de representantes de las víctimas reiteramos la solicitud de no aprobar el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el acusado, por ser contrario a los principios de legalidad y proporcionalidad, y por vulnerar los derechos de las víctimas”, expresó durante la diligencia.
La defensa pide una condena de 60 años
Uno de los principales cuestionamientos de las víctimas se centra en la pena que recibiría alias ‘El Costeño’ si el acuerdo es aprobado.
Según la defensa, la negociación reduciría la condena a cerca de 26 años de prisión, mientras que, por la gravedad de los delitos atribuidos y el rol desempeñado dentro de la estructura criminal, consideran que debería imponerse la pena máxima contemplada por la ley, equivalente a 60 años.
El abogado Mosquera sostuvo que las pruebas recopiladas durante la investigación permiten concluir que Arteaga habría desempeñado una función determinante dentro de la organización que ejecutó el atentado.
“Los ocho procesados han señalado a alias ‘El Costeño’ o ‘Chipi’ como el coordinador de la organización criminal encargada de la planeación y ejecución del magnicidio”, argumentó la representación de las víctimas.
Cuestionan mensaje que enviaría la justicia
Durante su intervención, la defensa también advirtió sobre el impacto que tendría para la opinión pública una reducción significativa de la pena en un caso de esta magnitud.
Para los representantes de la familia de Miguel Uribe Turbay, la eventual aprobación del preacuerdo podría generar una percepción de impunidad y afectar la confianza ciudadana en el sistema judicial.
“¿Qué mensaje le enviamos a la sociedad si un coautor de un crimen de esta magnitud, con un rol de coordinación y planificación, recibe un beneficio que reduce su pena de una forma tan sustancial?”, cuestionó Mosquera.
Asimismo, afirmó que una decisión favorable al acuerdo podría alimentar la idea de que incluso los delitos más graves pueden ser objeto de amplias negociaciones judiciales.
“Lejos de prestigiar la justicia, este acuerdo la somete al escarnio público y fomenta la percepción de que en Colombia la justicia es negociable incluso frente a los crímenes más atroces”, agregó.
La investigación recopiló testimonios y pruebas sobre la planeación del atentado
Durante la audiencia, la representación de las víctimas realizó una extensa exposición de los elementos materiales probatorios recaudados por las autoridades desde el inicio de la investigación.
Entre las evidencias presentadas figuran testimonios relacionados con reuniones en las que presuntamente se habría coordinado el atentado, así como información sobre la participación de distintos integrantes de la organización criminal.
La defensa recordó además los detalles sobre la ubicación y captura del menor de edad señalado de disparar contra el entonces senador durante el ataque ocurrido en el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón.
Alias ‘El Costeño’ habría conocido toda la estructura criminal
Según la argumentación presentada ante el juez, Elder José Arteaga tenía pleno conocimiento de las actividades ilícitas desarrolladas por la organización y de los objetivos criminales que perseguía.
La representación de las víctimas aseguró que el procesado conocía la existencia de un acuerdo para cometer delitos, incluyendo el homicidio del senador, así como el uso de armas de fuego sin autorización legal y la participación de menores de edad en la ejecución de los hechos.
“Sabía que se concertaba para la comisión de delitos, entre ellos el homicidio; que se dispararía un arma de fuego en contra del senador Miguel Uribe Turbay con el fin de asesinarlo; que se utilizaban menores de edad para la comisión de delitos y que se destruían elementos que podían servir de prueba, y quiso hacerlo”, afirmó el abogado durante la audiencia.
Juez deberá decidir si avala el acuerdo con la Fiscalía
La decisión final quedará en manos del Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que deberá determinar si el preacuerdo cumple con los requisitos legales y garantiza los derechos de las víctimas dentro del proceso judicial.
El caso continúa siendo uno de los expedientes más sensibles y de mayor impacto político y judicial en Colombia, mientras avanzan las investigaciones para establecer todas las responsabilidades relacionadas con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y la participación de quienes habrían planeado, coordinado y ejecutado el atentado.
Sala Digital Colmundo
