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La Defensoría del Pueblo lanzó una fuerte advertencia frente a la creación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) y la suspensión de órdenes de captura para integrantes de grupos armados ilegales que participan en procesos de diálogo con el Gobierno Nacional. La defensora del pueblo, Iris Marín, aseguró que, aunque el presidente de la República tiene facultades legales para implementar estas medidas, persisten serias preocupaciones sobre sus efectos en los derechos humanos, las víctimas y la seguridad en los territorios.
La funcionaria explicó que las denominadas zonas de ubicación temporal están contempladas en la Ley de Orden Público y han sido utilizadas por distintos gobiernos desde finales de la década de los noventa. Sin embargo, enfatizó que la facultad presidencial no es absoluta y debe cumplir condiciones constitucionales y legales estrictas, especialmente en lo relacionado con la delimitación territorial, los mecanismos de verificación y el avance real de los procesos de paz.
Según la Defensoría, uno de los puntos centrales del debate es determinar cuándo un proceso de negociación puede considerarse en “estado avanzado”. En ese sentido, Iris Marín sostuvo que la viabilidad del desarme, la desmovilización y la reincorporación efectiva de los integrantes de los grupos armados debe ser demostrable y cercana, y no una posibilidad lejana o simplemente hipotética.
La entidad recordó que la Ley de Orden Público establece que estas zonas deben orientarse a la dejación de armas y al tránsito a la legalidad. Además, indicó que la Corte Constitucional ha interpretado que, en casos de criminalidad organizada, las medidas solo son válidas cuando permiten de manera concreta la entrega o sometimiento a la justicia.
La Defensoría también advirtió que el Gobierno debe presentar información “suficiente y verificable” sobre los avances de cada negociación, ya que los procesos con estructuras como el Clan del Golfo, Comuneros del Sur o el autodenominado Estado Mayor de los Bloques y Frente no tienen el mismo nivel de evolución ni las mismas garantías.
Otro de los puntos más delicados señalados por Iris Marín tiene que ver con los derechos de las víctimas. La defensora aseguró que no existe claridad sobre cómo se garantizarán la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para las personas afectadas por las acciones de estos grupos armados.
Además, alertó sobre los riesgos políticos y de seguridad que podrían surgir en medio del contexto electoral y de transición de gobierno. “Aun suponiendo que las condiciones para el desarme estuvieran próximas, es virtualmente imposible que este ocurra antes del 7 de agosto”, advirtió la funcionaria, dejando abierta la preocupación sobre cómo podrían actuar los grupos armados en medio de las elecciones.
La Defensoría subrayó igualmente que persisten amenazas para las comunidades cercanas a las posibles zonas de concentración, debido a que algunos integrantes de los grupos continuarían armados fuera de las ZUT mientras se desarrolla el proceso gradual de concentración.
A esto se suma la preocupación por los derechos de los pueblos étnicos que podrían verse impactados por estas medidas. La entidad indicó que, hasta ahora, solo se ha adelantado consulta previa en Miami, Nariño, respecto a una de las zonas planteadas, mientras que en otros territorios con presencia de comunidades étnicas todavía no existen garantías suficientes de participación.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para reevaluar la implementación de estas zonas. La entidad insistió en que la construcción de paz debe estar respaldada por controles institucionales efectivos, garantías verificables para la población civil y pleno respeto por el Estado de derecho.
Humberto ‘Toto’ Torres
