Petro aumenta tensión con Fiscalía y altas cortes por Clan del Golfo y traslado de pensiones a Colpensiones

El presidente Gustavo Petro volvió a encender la controversia política e institucional en el país tras cuestionar decisiones de la Fiscalía General de la Nación y del Consejo de Estado relacionadas con el Clan del Golfo y el traslado de recursos pensionales hacia Colpensiones. Las declaraciones del mandatario provocaron respuestas inmediatas desde las altas cortes y reavivaron el debate sobre la independencia de los poderes públicos en Colombia.

Fiscalía negó suspensión de órdenes de captura contra cabecillas del Clan del Golfo

La primera controversia se desató luego de que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz solicitara suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias “Chiquito Malo”, señalado como máximo jefe de la estructura criminal y requerido en extradición por Estados Unidos. La petición hacía parte de las conversaciones adelantadas en el marco de la política de paz total impulsada por el Gobierno nacional.

Sin embargo, la fiscal general Luz Adriana Camargo respondió que, tras revisar individualmente cada expediente, su despacho decidió no levantar las órdenes de captura. La funcionaria aclaró que las denominadas zonas de ubicación temporal no implican automáticamente la suspensión de investigaciones penales ni eliminan los requerimientos judiciales vigentes contra los integrantes de grupos armados.

Desde Timbiquí, Cauca, el presidente Petro cuestionó públicamente esa decisión y defendió la legalidad de las zonas de concentración. “Y hay zonas de concentración pactándose, y las zonas de concentración son legales, y el presidente las ordena, no la fiscal”, afirmó el mandatario, agregando que “aquí se respeta la Constitución. Si no, el pueblo las hace respetar”.

Las declaraciones también fueron interpretadas como un distanciamiento del alto comisionado para la paz, Otty Patiño, luego de que Petro asegurara que no fue consultado sobre el listado de personas incluidas en la solicitud para levantar las órdenes de captura. El episodio dejó en evidencia nuevas fisuras dentro del manejo de la estrategia de negociación con grupos armados ilegales.

Petro arremete contra magistrados por suspensión de traslado pensional

La segunda confrontación institucional surgió tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto con el que el Gobierno pretendía trasladar cerca de 25 billones de pesos desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. La medida judicial frenó temporalmente una de las apuestas centrales del Ejecutivo en materia pensional.

Durante un discurso en el Cauca, Petro lanzó fuertes críticas contra sectores financieros y magistrados que respaldaron la decisión judicial. “El magistrado y sus amigos que dicen que no se puede trasladar el ahorro que entregaron los actuales pensionados de Colombia al trasladarse a Colpensiones está cometiendo un delito y he ordenado su denuncia”, aseguró el jefe de Estado.

Las afirmaciones generaron preocupación en las altas cortes. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Mauricio Lenis, defendió la legitimidad de las decisiones judiciales y pidió mantener el debate dentro de los canales democráticos e institucionales.

“Bienvenida la diferencia y las críticas dentro de ese diálogo, pero lo que no es normal es que se agreda a una de las ramas del poder público o a la justicia”, manifestó Lenis, quien llamó a preservar el respeto entre las instituciones del Estado.

Por su parte, la vicepresidenta de la Corte Constitucional, la magistrada Natalia Ángel Cabo, advirtió que los ataques constantes contra las instituciones judiciales podrían deteriorar la confianza ciudadana. “Cuando las instituciones se atacan de manera arbitraria sin que haya ni siquiera una prueba, eso va generando que se vaya minando la confianza”, afirmó.

Gobierno plantea “tutelatón” para trasladar afiliados a Colpensiones

En medio de la controversia, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sugirió que los afiliados podrían acudir masivamente a acciones de tutela para lograr el traslado desde fondos privados hacia Colpensiones. La propuesta fue interpretada como una estrategia del Ejecutivo para mantener viva la iniciativa pese a la suspensión judicial del decreto.

“Esos 25.000 trabajadores, incluso los 120.000, pueden acudir a la tutela, a una especie de tutelatón”, afirmó el ministro, abriendo un nuevo capítulo en la disputa jurídica alrededor de la reforma pensional.

Posteriormente, el Consejo de Estado aclaró que la suspensión del decreto no afecta el pago de las mesadas pensionales, luego de las advertencias realizadas desde el Gobierno sobre eventuales riesgos para los jubilados. La aclaración buscó disminuir la incertidumbre generada entre miles de afiliados y pensionados del país.

Altas cortes y Registraduría alertan por discursos que afectan confianza electoral

Las tensiones institucionales también alcanzaron el escenario electoral. Magistrados y organismos de control expresaron su respaldo a la Registraduría Nacional del Estado Civil frente a cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral y el software de escrutinio.

El vicepresidente de la Corte Suprema, Hugo Quintero Bernate, advirtió sobre el impacto de los discursos que podrían sembrar dudas en la ciudadanía. “Las elecciones funcionan sin problema”, afirmó el magistrado, quien reiteró la necesidad de proteger la confianza en el sistema democrático.

A su turno, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez pidió prudencia frente a las acusaciones sobre el proceso electoral. “Es válido tener dudas, lo que sí no me parece válido es sembrar dudas, desconfianza y presumir mala fe”, señaló el funcionario.

Desde la Registraduría, el delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, aseguró que el software de escrutinio cuenta con suficientes mecanismos técnicos y garantías de control para las elecciones que se aproximan. Las declaraciones buscan frenar la creciente tensión política alrededor de la confianza institucional y la transparencia electoral en Colombia.