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13 mayo, 2026El agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, reaccionó con firmeza a la solicitud realizada por el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, quien pidió la renuncia protocolaria de todos los interventores de las EPS intervenidas por el Estado mientras avanza una evaluación interna del sistema. La declaración de Ospina se produce en medio de la creciente presión sobre el modelo de salud colombiano y las dificultades financieras que enfrentan varias entidades prestadoras.
Ospina dejó claro que, a su juicio, su permanencia en la entidad no depende de la Superintendencia, sino directamente del presidente Gustavo Petro. “Sí, yo también me sorprendí, me dio risa; porque la renuncia mía me la pide Petro, no Quintero”, afirmó el interventor al referirse públicamente a la petición hecha por la Supersalud.
El funcionario defendió la gestión que adelanta al frente de Nueva EPS y aseguró que el proceso de recuperación de la entidad requiere estabilidad administrativa. Ospina sostuvo que su trabajo ha estado enfocado en fortalecer la EPS más grande del país y garantizar su sostenibilidad financiera y operativa. En ese contexto, aseguró que no interpreta la solicitud de renuncia como un cuestionamiento directo a su desempeño.
“Yo soy muy bueno y, además, muy responsable de mi trabajo. Creo que estamos por el camino correcto para consolidar una gran EPS”, expresó el exalcalde de Cali, quien actualmente lidera la intervención estatal sobre la aseguradora que concentra millones de afiliados en Colombia.
Durante sus declaraciones, Ospina también abordó la situación que atraviesan clínicas y hospitales que han advertido afectaciones en la prestación de servicios debido a las millonarias deudas acumuladas. El interventor señaló que las instituciones prestadoras de salud deben acercarse a Nueva EPS para gestionar mecanismos que permitan destrabar recursos y garantizar la atención médica.
“Si una entidad no está atendiendo por deudas, tiene que buscarnos para nosotros liberar el recurso y hacerle un aporte que posibilite su apertura”, explicó el funcionario, insistiendo en que existe disposición para encontrar soluciones financieras que permitan mantener operativos los servicios de salud.
Además, lanzó una fuerte advertencia frente a los casos de negación de atención médica en situaciones críticas. Ospina aseguró que impedir la atención de pacientes en estado de urgencia vital podría derivar en consecuencias penales para las instituciones responsables.
“Si una entidad niega la atención a un paciente en una urgencia vital, debe saber que está incurriendo en un acto criminal, y ese acto criminal da cárcel”, puntualizó el interventor, en una declaración que aumenta la tensión dentro del debate sobre la crisis hospitalaria y el funcionamiento de las EPS intervenidas.
Las declaraciones del directivo ocurren en un momento especialmente delicado para el sistema de salud colombiano. Nueva EPS enfrenta fuertes cuestionamientos por retrasos en pagos a proveedores, clínicas y hospitales, mientras el Gobierno nacional avanza en la revisión de las intervenciones administrativas y financieras aplicadas en varias EPS del país.
Humberto ‘Toto’ Torres



