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En una carrera contrarreloj, el proyecto del Regiotram del Norte (el esperado tren eléctrico que promete conectar a Bogotá con los municipios de Zipaquirá, Cajicá y Chía—)ha entrado en un laberinto de desencuentros políticos y técnicos. Mientras el Gobierno nacional y la Gobernación de Cundinamarca afinan los detalles para lanzar la licitación en julio de 2026, el Distrito Capital insiste en que no será un simple espectador de una obra que, aunque financiada mayoritariamente por la Nación, modificará para siempre el mapa urbano del norte de la ciudad.
El epicentro de la controversia es el Conpes 4190, un documento de política pública que, según la administración de Carlos Fernando Galán, fue expedido de manera acelerada y excluyente. El secretario general de Bogotá, Miguel Silva Moyano, fue contundente al señalar que la capital fue apartada del esquema de cofinanciación directa sin previo aviso. “Presidente Gustavo Petro parece que no le han contado que hubo CONFIS el miércoles, preconpes el jueves y CONPES ayer. Todo en tiempo récord y sin hablar con Bogotá”, denunció Silva, añadiendo que, a pesar de las 23 mesas técnicas adelantadas durante 2025 con el actual gobierno distrital, las 54 observaciones presentadas no fueron resueltas en su totalidad.
Frente a estas acusaciones, el presidente Gustavo Petro salió al paso con una versión diametralmente opuesta. El mandatario rechazó de plano el argumento de la falta de consulta y trasladó la responsabilidad a la administración distrital. “Esto no es cierto. La reunión para cofinanciar el proyecto se hizo el año pasado y Bogotá no quiso ir”, afirmó Petro, quien además sentenció que el Gobierno nacional asumirá los costos correspondientes a la capital. “Nosotros asumimos la parte de Bogotá y volveremos realidad el tranvía de Zipaquirá al norte de la ciudad”, añadió, en un movimiento que redefine la arquitectura financiera del proyecto.
El cambio en las reglas del juego es sustancial. Con la exclusión de Bogotá del Conpes, la Nación pasará a cubrir cerca del 82% del costo total, una inyección de recursos que, según la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, garantizará que la licitación no se detenga. “Solo quedan 35 días hábiles para dejarla en marcha y no vamos a poner en riesgo esta apuesta estratégica para Bogotá y Cundinamarca”, declaró Rojas, quien insistió en que las puertas del Ejecutivo siguen abiertas para que el Distrito materialice sus aportes, pese a que el Distrito asegura tener listos 2,3 billones de pesos en vigencias futuras.
Sin embargo, los reparos del alcalde Carlos Fernando Galán van más allá del simple desembolso de recursos, adentrándose en el diseño mismo de la infraestructura. El alcalde desglosó tres problemas técnicos que, a su juicio, no están resueltos y que podrían convertir el tren en un obstáculo urbano. El primero es la altura de los tramos elevados (apenas siete metros frente a los catorce del metro elevado), lo que, sumado a una estructura de doble columna, generaría un impacto urbanístico no mitigado. “Es aún más importante en términos de que el metro elevado está a catorce metros de altura, tiene una sola columna. En este caso son dos columnas y tiene menos altura”, explicó el alcalde.
La segunda objeción del Distrito se refiere a la falta de intersecciones viales y peatonales, especialmente al norte de la calle 200, en sectores como Lagos de Torca. Galán advirtió que el proyecto contempla un tren a nivel con rejas de segregación, lo que lo convertiría en una barrera si no se construyen los pasos adecuados. “Hoy no está garantizado que un usuario pueda bajarse del tren y conectarse de forma eficiente con el Sitp, TransMilenio o el Metro”, puntualizó, añadiendo una tercera crítica a la ausencia de un sistema interoperable de recaudo que integre el tren con la red de transporte de la ciudad.
Ante este escenario de confrontación, la figura del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, emerge como un actor que busca matizar las diferencias y garantizar la continuidad del proyecto. Rey fue enfático en aclarar que, aunque el Distrito no figure en el Conpes, su voz será escuchada. “Bogotá no quedará por fuera, porque es el norte y el centro de este proyecto férreo regional”, afirmó el mandatario. Además, reveló un dato que contrasta con la sensación de exclusión: “De esos 10 billones de pesos en infraestructura, 6,7 billones serán al interior de Bogotá. Es decir, el 67% de la inversión la disfrutará la capital”.
Las posturas, aunque encontradas en la forma, coinciden en el mismo punto: la necesidad de un acuerdo técnico. Tras una reunión de alto nivel entre el alcalde Galán, el gobernador Rey y la ministra Rojas, se acordó la creación de mesas de trabajo para dirimir las diferencias. Galán, aunque crítico del proceso, confirmó su disposición a aportar los recursos, siempre que se corrijan las falencias. “Bogotá quiere que se haga el Regiotram del Norte y quiere que se haga bien”, sentenció el alcalde, en un mensaje que dejó abierta la puerta a la negociación, mientras el reloj corre hacia la licitación de este 2026.
Juan Joya
