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La Agencia Nacional de Tierras, en articulación con la Policía Nacional de Colombia, adelantó la recuperación material del predio Buenavista en el departamento de Vichada, un terreno de más de 6.182 hectáreas que estaba ocupado de forma irregular y que ahora será destinado a familias campesinas en el marco de la Reforma Agraria.
Durante la diligencia, las autoridades encontraron más de 600 cabezas de ganado y dos viviendas campestres de alta gama, lo que evidencia el uso económico intensivo de un bien baldío de la nación, situación que motivó la intervención estatal para restituir el control del predio.
El director de la ANT, Juan Felipe Harman, explicó que el proceso agrario determinó la ocupación indebida del terreno. “El ocupante indebido es Nicolás Laserna… adelantamos la aprehensión del predio”, señaló, al tiempo que anunció que las tierras serán entregadas provisionalmente a comunidades campesinas de la zona que históricamente no han tenido acceso a propiedad rural.
El predio Buenavista, ubicado en zona rural del municipio de La Primavera, cuenta con sabanas naturales, bosques de galería, morichales y fuentes hídricas, lo que lo convierte en un territorio con alto potencial productivo y estratégico para proyectos agrícolas.
La intervención cobra relevancia en una región como Vichada, donde la débil presencia estatal ha favorecido el acaparamiento de tierras, economías ilegales y control territorial por actores armados, afectando el acceso equitativo a la tierra para campesinos e indígenas.
Con esta acción, el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca materializar la Reforma Agraria, garantizando que los baldíos cumplan su función social y sean destinados a quienes los trabajan. “Estamos recuperando tierras que nunca debieron salir del dominio del Estado”, afirmó Harman.
El origen del caso se remonta a 2014, cuando el predio fue reclamado mediante un proceso de pertenencia que derivó en una sentencia favorable en 2017 para el excongresista Gustavo Londoño García y el empresario Nicolás Laserna. Sin embargo, la ANT logró demostrar irregularidades en el proceso judicial, al no vincular a la entidad competente sobre baldíos.
Posteriormente, la justicia ordenó dejar sin efectos dicha decisión, al reconocer que los bienes baldíos son imprescriptibles y no pueden adquirirse por posesión prolongada, lo que permitió avanzar en el procedimiento agrario bajo el Decreto Ley 902 de 2017.
Pese a intentos de diálogo durante 2025, en los que los ocupantes manifestaron su intención de entregar el predio, la entrega voluntaria no se concretó, lo que obligó a la intervención directa de la ANT para garantizar la recuperación efectiva.
Con esta acción, los baldíos de la nación regresan a manos campesinas, en una medida que busca reducir la desigualdad en la tenencia de la tierra y fortalecer la política agraria en Colombia, en una de las regiones más apartadas del país.
Sala Digital Colmundo
