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El Ejército de Liberación Nacional (ELN) volvió a poner sobre la mesa la propuesta de un “Acuerdo nacional” como mecanismo para buscar una salida al conflicto armado en Colombia, esta vez dirigido al Gobierno que asumirá el poder el próximo 7 de agosto de 2026, tras las elecciones presidenciales del 31 de mayo. En un comunicado difundido las ultimas horas, el Comando Central de esa guerrilla reiteró su disposición al diálogo y a una solución política negociada, aunque responsabilizó al presidente Gustavo Petro por el fracaso de las conversaciones adelantadas hasta el primer semestre de 2025.
En el documento, el ELN asegura que mantiene una “convicción de paz” desde 1989, cuando, según señala, definió de manera interna la vía del diálogo como alternativa para resolver el conflicto. La organización sostiene que no se ha levantado de las mesas de negociación en las que ha participado, pero afirma que fue el actual Gobierno el que incumplió compromisos y modificó las condiciones del proceso. Además, cuestiona decisiones oficiales que, en su criterio, habrían priorizado acciones militares en medio de las conversaciones.

El proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN se reanudó en noviembre de 2022 en Caracas, en el marco de la política de “paz total”. Sin embargo, las negociaciones quedaron suspendidas en el primer semestre de 2025 tras una escalada de violencia atribuida a esa guerrilla en regiones como el Catatumbo, en Norte de Santander, y otras zonas fronterizas. El 24 de julio de ese año, el presidente Petro anunció la ruptura formal del proceso al poner en duda la voluntad de paz del grupo armado, aunque meses después reiteró su llamado a retomar los contactos.
En este nuevo pronunciamiento, el ELN insiste en que negociar no implica rendición, sino la construcción de acuerdos orientados a transformar las condiciones estructurales del país. En tal sentido, propone al Gobierno entrante impulsar un “acuerdo nacional” con amplia participación de la sociedad, iniciativa que, según la organización, ya había sido planteada sin éxito durante las conversaciones con la actual administración.

El comunicado también aborda cuestionamientos sobre su presunta relación con el narcotráfico. La guerrilla niega cualquier participación en esa actividad y rechaza ser catalogada como organización narcotraficante o parte de carteles. Asimismo, afirma no tener vínculos con candidatos ni con procesos electorales y asegura que no ha promovido amenazas ni acciones contra actores políticos en el contexto de las elecciones.
En otro apartado, el ELN toma distancia de acciones violentas atribuidas a otras estructuras armadas ilegales, en particular a las disidencias lideradas por alias “Iván Mordisco”, a las que responsabiliza de afectar gravemente a la población civil. La organización reivindica su carácter político-militar y sostiene que su origen está ligado a problemas históricos como la desigualdad, la exclusión y la persecución política en el país.
Finalmente, la guerrilla cuestiona las políticas antidrogas impulsadas por Estados Unidos y por el Estado colombiano, al considerar que no han logrado reducir el narcotráfico y, por el contrario, han profundizado la violencia. Pese al contexto de confrontación, el ELN concluye que mantiene abierta la posibilidad de retomar un proceso de negociación con el próximo Gobierno, insistiendo en la necesidad de una salida política al conflicto armado en Colombia.
Juan Joya




