Salida de 49 oficiales del Ejército genera polémica por presuntos vicios jurídicos en resoluciones de retiro

Un remezón interno en el Ejército Nacional de Colombia ha desatado controversia tras la salida de 49 oficiales llamados a calificar servicios, en medio de denuncias sobre posibles irregularidades jurídicas en las resoluciones que ordenaron su retiro. La situación ha generado molestia dentro de la institución y cuestionamientos sobre el procedimiento aplicado.

Los oficiales afectados, con rangos de mayores, tenientes coroneles y coroneles, acumulan más de 20 años de servicio, lo que, según advierten, podría impactar la capacidad estratégica de las Fuerzas Militares en un contexto de complejidad en el orden público. Pese a las críticas, el Ejército sostiene que el proceso se realizó conforme a la ley.

De acuerdo con información revelada por La FM, las cinco resoluciones firmadas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentarían inconsistencias en fechas y soportes documentales, lo que ha alimentado las denuncias de los militares retirados.

Las decisiones se sustentan en las resoluciones 002283 del 16 de marzo; 004282 y 004283 del 23 de abril; y 004673 y 004674 del 29 de abril de 2026, documentos que en conjunto ordenan la salida de los 49 oficiales. Sin embargo, los implicados cuestionan que estas decisiones no se hayan consolidado en un solo acto administrativo.

Uno de los principales reparos apunta a la fecha de la Junta Asesora, instancia encargada de analizar los retiros. Según los documentos, la sesión se realizó el 16 de marzo como “ordinaria”, aunque el Decreto 2260 de 1973 establece que estas reuniones deben realizarse el primer jueves de cada mes, lo que, según los denunciantes, no se cumplió.

Otra de las inconsistencias señaladas tiene que ver con la supuesta ausencia de expedientes y hojas de vida durante la evaluación, lo que implicaría que las decisiones se habrían tomado sin contar con toda la información necesaria. Además, en algunos casos las recomendaciones del comandante del Ejército se habrían emitido días después de la junta, lo que genera dudas sobre la secuencia del proceso.

Los oficiales también cuestionan que, si la Junta Asesora evaluó los retiros en una misma sesión, las decisiones se hayan distribuido en cinco resoluciones con fechas distintas, en lugar de consolidarse en un único documento, como consideran que debería ocurrir.

Ante estas denuncias, algunos de los afectados interpusieron derechos de petición para solicitar el acta de la Junta Asesora del 16 de marzo, buscando esclarecer el procedimiento y sustentar sus reclamaciones.

Frente a la polémica, fuentes del Ejército explicaron que las fechas de las juntas no son estrictas y dependen de la agenda del ministro de Defensa y la cúpula militar, y que los expedientes son presentados previamente por los comandantes antes de la toma de decisiones.

Finalmente, la institución reiteró que “el procedimiento está totalmente reglado en la norma y ajustado al marco de la ley”, y aseguró que este tipo de retiros hace parte de la dinámica habitual, especialmente en casos de oficiales que no son llamados a cursos de ascenso.