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¿El presidente se está extralimitando en sus funciones?
El presidente Gustavo Petro divulgó, a través de su cuenta en X, los datos de una cuenta de ahorros en Bancolombia para recibir contribuciones económicas de ciudadanos interesados en respaldar la convocatoria a una eventual Asamblea Nacional Constituyente. El mandatario precisó que los aportes podrán realizarse hasta por diez millones de pesos por persona, vinculados al número de cédula del aportante. “En esta cuenta legal de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente del Comité se puede hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla”, publicó. Una convocatoria que lidera el jefe de Estado luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente un decreto relacionado con el traslado de recursos del sistema pensional, decisión que el Presidente calificó como adversa para los trabajadores que habían solicitado dicho traslado.
El pronunciamiento del jefe de Estado estuvo acompañado de una convocatoria a la movilización para este viernes 1 de mayo, fecha en la que confirmó su presencia en Medellín junto a su gabinete. En el mensaje, Petro reiteró que la figura de una Asamblea Constituyente permitiría avanzar en reformas sociales que, según su visión, han encontrado obstáculos institucionales. La publicación explícita de los datos bancarios se convirtió en uno de los aspectos más comentados de la intervención presidencial, al tratarse de un mecanismo directo de financiación ciudadana para un proceso de carácter político-constitucional.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. La senadora María Fernanda Cabal calificó la iniciativa como un “abuso de poder y extralimitación de sus funciones” y advirtió sobre posibles vulneraciones al orden constitucional vigente. Por su parte, la congresista Angélica Lozano cuestionó el alcance de la propuesta y señaló: “No hay caudillo que no busque reelección”, vinculando el debate constituyente con la posibilidad de que el Presidente aspire a un nuevo período, aunque la Constitución actual no lo permita de manera explícita sin una modificación previa. Los pronunciamientos opositores se centraron tanto en el fondo de la iniciativa como en la forma de promoverla mediante aportes económicos directos.
En el escenario preelectoral de 2026, las posturas entre los actores políticos muestran divisiones significativas. El excandidato presidencial Sergio Fajardo inscribió ante la Registraduría Nacional del Estado Civil un grupo significativo de ciudadanos con el objetivo de defender la Constitución de 1991 ante eventuales modificaciones. Fajardo señaló que el país atraviesa un escenario de confrontación política y cuestionó actuaciones del Gobierno frente al respeto del orden constitucional. En contraste, el senador y candidato Iván Cepeda indicó que la convocatoria a una constituyente no está prohibida, pero aclaró que no sería una prioridad en un eventual gobierno suyo, destacando el enfoque en un acuerdo nacional. Ambas posiciones reflejan la fragmentación del espectro político frente a la propuesta presidencial.
El Gobierno ha detallado los ejes que, según Petro, debería abordar una eventual Asamblea Constituyente. De acuerdo con una publicación del mandatario en su cuenta de X, los temas incluyen: “La reforma a la salud, que quite intermediarios corruptos y permita la inmediata atención de la persona enferma, potencie el sistema preventivo de salud, fortalezca la red pública hospitalaria y financie el agua potable y la nutrición de todas y todos los colombianos como prioridad”; “Apruebe la reforma pensional y garantice el derecho a la pensión a todas las personas que trabajen y cumplan con los tiempos”; “Garantice el salario vital y móvil y la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo al aumento de la productividad”; “Reforma a la justicia para acabar la impunidad; se mantiene la Corte Constitucional actual y su mecanismo de elección”; “Reforma a los servicios públicos para acabar con la especulación tarifaria en la energía eléctrica, el agua potable y el servicio de aseo”; “Reforma del régimen político para acabar la corrupción y el clientelismo, y construir un verdadero árbitro electoral”; y que “El delito de corrupción será el delito más castigado en Colombia, y se pagará en las cárceles del país”. El Ejecutivo planea presentarle al nuevo Congreso, el próximo 20 de julio, un texto que dé cuenta de estos cambios constitucionales, y Petro ha pedido priorizar este proyecto en la próxima legislatura.
Lo que llama la atención es el giro en la postura del hoy presidente respecto a la Constituyente. Durante su campaña presidencial de 2018, Petro firmó ante Antanas Mockus y Claudia López los “10 mandamientos”, cuyo primer punto era el compromiso explícito de no convocar una Constituyente. En mayo de 2022, a dos días de la primera vuelta, respondió con un “no” rotundo en un debate televisivo a la pregunta sobre si convocaría esa figura.
Ya como presidente electo, reiteró en entrevistas que no necesitaba una Constituyente porque la Constitución de 1991 contenía las herramientas necesarias. Sin embargo, en marzo de 2024, en un discurso en Cali, propuso formalmente la Asamblea ante la dificultad de aprobar sus reformas en el Congreso. En octubre de 2025, el Gobierno reveló un borrador de proyecto de ley para convocarla formalmente, y en febrero de 2026 se formalizó el inicio del proceso mediante la firma de un decreto en Cartagena. En abril de 2026, comités de aliados del Gobierno iniciaron la recolección de firmas para respaldar el proceso ante la falta de consenso en el legislativo. Este cambio ha sido retomado por opositores y usuarios en redes sociales, quienes cuestionan la contradicción entre lo prometido en campaña y las acciones actuales del Ejecutivo.
Juan Joya
