Consejo de Estado salva investidura de Isabel Zuleta: no hubo tráfico de influencias en el ‘tarimazo’

El Consejo de Estado negó las demandas que buscaban quitarle la curul a la senadora Isabel Zuleta, al concluir que no incurrió en tráfico de influencias durante el polémico episodio conocido como el ‘tarimazo’. La decisión, adoptada por unanimidad, ratifica su permanencia en el Congreso en medio de uno de los casos más controvertidos de la política reciente.

El alto tribunal determinó que Zuleta no utilizó su investidura para presionar al Inpec, entidad que autorizó el traslado de varios jefes criminales desde la cárcel de Itagüí para participar en un evento público en La Alpujarra. Según el fallo, no existió beneficio particular ni actuación indebida, lo que desvirtúa las acusaciones en su contra.

Las demandas sostenían que la congresista habría aprovechado su cargo para influir en decisiones administrativas relacionadas con los traslados. Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que sí actuó como intermediaria, pero dentro de su rol en la estrategia de ‘Paz Urbana’, lo que excluye la configuración de una falta disciplinaria o causal de pérdida de investidura.

El fallo, de primera instancia y con 29 páginas, tuvo como magistrado ponente a Germán Eduardo Osorio Cifuentes. La decisión fue respaldada por otros cuatro magistrados, quienes avalaron de manera unánime la sentencia que protege la curul de la senadora del Pacto Histórico.

El proceso no estuvo exento de tensiones. Desde noviembre, el tribunal había solicitado a la Presidencia documentos clave para esclarecer el caso, pero los retrasos en la entrega de la información generaron llamados urgentes por parte del Consejo de Estado. Incluso, la secretaria general Diana Lucía Sánchez Serna advirtió que el trámite exigía “especial celeridad”, ante la naturaleza del proceso.

El caso gira en torno al ‘tarimazo’, un evento realizado en Medellín en el que participaron el presidente Gustavo Petro, Zuleta y varios cabecillas criminales recluidos. Esta actividad hacía parte de la política de ‘Paz Urbana’, una línea de la estrategia de ‘Paz Total’ orientada a dialogar con estructuras armadas de alto impacto en el Valle de Aburrá.

La polémica surgió porque los jefes de bandas fueron trasladados desde prisión y expuestos en un escenario público, lo que desató críticas políticas y jurídicas. Entre los asistentes figuraban reconocidos líderes criminales con condenas que, en conjunto, superan los 150 años de prisión por delitos como concierto para delinquir y secuestro extorsivo.

El abogado William Quintero Villarreal presentó la demanda en julio de 2025, alegando que la intervención de Zuleta constituía una falta grave. No obstante, tras meses de recolección de pruebas y audiencias, el tribunal concluyó que su actuación se enmarcó en funciones institucionales y no en intereses indebidos.

A pesar de esta decisión, el ‘tarimazo’ sigue teniendo repercusiones. La Comisión de Acusación investiga al presidente Petro por su participación en el evento, mientras que la Corte Suprema de Justicia recibió copias para analizar posibles implicaciones adicionales en el caso de la senadora.

El fallo deja claro que la intermediación de Zuleta ante el Inpec no constituyó una conducta ilegal, pero el episodio mantiene abierto el debate sobre los límites de la política de paz y la relación entre el Estado y estructuras criminales en Colombia.

Humberto ‘Toto’ Torres