¿Pluralidad informativa? Siete candidatos presidenciales piden a RTVC realizar debates por Ley de Garantías

¿Qué dice la Ley 996 de 2005 sobre los debates presidenciales y por qué la están invocando ahora?

Siete candidatos presidenciales enviaron una carta formal a Hollman Morris, gerente de Medios Públicos (Inravisión), solicitando la organización y transmisión de tres debates presidenciales antes de las elecciones del 31 de mayo de 2026. La petición, firmada por Sergio Fajardo, Claudia López, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Roy Barreras y Sondra Macollins, invoca el artículo 23 de la Ley 996 de 2005, que establece el derecho de los aspirantes a participar en tres debates televisados de hasta 60 minutos cada uno durante el calendario electoral.

En la carta, los aspirantes advierten sobre las consecuencias de no realizar estos espacios de confrontación pública. “No hacer los debates implica para el ciudadano, además, el costo de votar a ciegas, sin haber podido contrastar propuestas, responder preguntas imparciales, exigir explicaciones o identificar las contradicciones que puedan existir en cualquier programa de gobierno”, señala el documento. Los firmantes también manifestaron su disposición a concertar reglas y temáticas de cada encuentro.

Debido a que actualmente hay 13 candidatos en contienda, los siete aspirantes propusieron dividir los debates en dos grupos mediante un sorteo público previo al 31 de mayo. Esta fórmula, según explican, busca garantizar igualdad de condiciones y transparencia, evitando exclusiones o que los debates se concentren únicamente en quienes lideran la intención de voto.

Cuatro candidatos presidenciales no firmaron la carta: Paloma Valencia (Centro Democrático), Iván Cepeda (Pacto Histórico), Abelardo de la Espriella (derecha radical) y Miguel Uribe Londoño. Las razones responden a estrategias propias y condiciones particulares para participar en debates públicos, lo que ha generado controversia en las últimas semanas.

El caso más llamativo es el de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y favorito en las encuestas. El aspirante ha insistido en debatir únicamente con candidatos de “extrema derecha” y anunció la designación de un equipo para definir reglas, escenarios y moderadores. Sin embargo, cerró la puerta a debatir con el centro político. Aunque Claudia López y Sergio Fajardo habían solicitado participar, Cepeda indicó que con otros candidatos podrían darse “diálogos y conversaciones”, pero no un debate formal.

Por su parte, Abelardo de la Espriella también impuso condiciones. El candidato de derecha radical solo estaría dispuesto a debatir con quienes encabezan las encuestas, dejando por fuera a varios aspirantes. Esta postura ha sido cuestionada por los firmantes, quienes consideran que todos los candidatos deben tener igualdad de oportunidades de exposición.

En respuesta a las condiciones de Cepeda, la candidata uribista Paloma Valencia —quien tampoco firmó la carta— lanzó una contrapropuesta. Valencia invitó a Fajardo, López y Roy Barreras a un debate de control político en el Congreso con el candidato del Pacto Histórico. No obstante, esta iniciativa no sustituye los debates televisados contemplados por la ley, que son los que los siete aspirantes exigen a RTVC.

La Ley 996 de 2005, conocida como ley de garantías electorales, establece en su artículo 23 que los medios públicos deben facilitar espacios de debate entre candidatos. Los firmantes consideran que RTVC tiene la responsabilidad de organizar y transmitir estos encuentros antes del cierre del calendario electoral. “Cuando los candidatos evitan participar en debates públicos, el principal afectado es el electorado”, advierten, señalando que los ciudadanos podrían acudir a las urnas sin información suficiente para decidir.

Hasta ahora, no ha habido una respuesta pública adicional de los candidatos que no firmaron la carta, más allá de las condiciones ya expresadas. El tiempo apremia: las elecciones presidenciales serán el 31 de mayo de 2026, y la organización de tres debates televisados implica una logística que no puede improvisarse en los días previos a los comicios.

Juan Joya