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27 abril, 2026El Tribunal Superior de Neiva revocó un fallo absolutorio y condenó a 50 años y ocho meses de prisión a cuatro exintegrantes de la fuerza pública y un civil por la desaparición y asesinato de un campesino en zona rural de Pitalito (Huila) en 2009. La decisión marca un giro judicial clave tras una apelación de la Fiscalía, que logró demostrar la responsabilidad de los implicados en este crimen.
Los sentenciados son el suboficial en retiro Carlos Hernán Rodríguez Vera, del Batallón de Infantería N.° 27 Magdalena; el subteniente (r) Andrés Felipe Vera Escobar, el subintendente (r) Juan Pablo Ocampo Cardona, el patrullero (r) Nelson Humberto Murillo Morales y el civil Gilberto Sevilla Marín, conocido como ‘Morocho’. Todos fueron hallados responsables de delitos graves como desaparición forzada y homicidio agravado.
De acuerdo con la investigación, la víctima fue detenida durante un procedimiento policial mientras se movilizaba en un vehículo junto a dos menores de edad, tras ser señalada erróneamente como colaboradora de un grupo armado ilegal. Posteriormente, hombres que se identificaron como integrantes del Ejército asumieron el control del operativo, lo que derivó en su retención ilegal.
Las pruebas evidenciaron que el campesino fue obligado a subir a otro vehículo y trasladado a un lugar desconocido, en un procedimiento irregular que terminó en su desaparición. La intervención de unidades de la Policía y del Ejército fue determinante en el desarrollo de los hechos, según confirmó la Fiscalía.
Dos días después, el 11 de febrero de 2009, el cuerpo de la víctima fue hallado en el río Magdalena, en jurisdicción del municipio de Oporapa, lo que permitió avanzar en las investigaciones y establecer la responsabilidad de los implicados.
La condena fue impuesta por los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada y homicidio, tras comprobarse la participación coordinada de los acusados. El fallo del Tribunal de Neiva revierte la absolución inicial y sienta un precedente en casos de violaciones a los derechos humanos.
El proceso judicial fue liderado por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, quien logró recopilar pruebas clave que vinculan directamente a los uniformados con el crimen.
Finalmente, se conoció que contra esta decisión proceden los recursos de ley, por lo que el caso podría continuar en instancias superiores. Entretanto, la sentencia representa un avance en la búsqueda de justicia para las víctimas de desaparición forzada en Colombia.
Sala Digital Colmundo




