Manrique y Manzur escalan ofensiva judicial contra la Corte Suprema por detención en caso UNGRD

La ofensiva jurídica de los congresistas Karen Astrith Manrique Olarte y Wadith Manzur contra la Corte Suprema de Justicia se intensificó en las últimas horas, luego de que ambos fueran enviados a prisión por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Dos recusaciones y una queja disciplinaria buscan ahora cuestionar la imparcialidad de los magistrados y conjueces que ordenaron su detención.

Manrique, quien completa más de 40 días privada de la libertad en una guarnición militar en Malambo, aseguró que los conjueces que definieron su situación jurídica no analizaron a fondo el expediente. A través de su defensa, encabezada por el abogado Andrés Garzón, presentó una queja ante la Comisión de Acusación contra los conjueces Jesús Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado. Según el documento, “en apenas cinco días” habrían tomado la decisión sin revisar integralmente las pruebas, lo que —a su juicio— compromete la legalidad del proceso.

El expediente del caso UNGRD contiene 64 cuadernos de instrucción, decenas de testimonios, interceptaciones y casi cien horas de audios, lo que, según la defensa, hacía inviable un análisis completo en tan corto tiempo. Manrique sostiene que los conjueces “decidieron únicamente dar lectura a una ponencia”, lo que habría vulnerado principios de imparcialidad y objetividad en la decisión judicial.

La representante también cuestionó que el estudio probatorio “en ningún momento se dio”, insistiendo en que era “materialmente imposible” revisar todo el material en cinco días. Incluso, argumentó que los conjueces habrían necesitado hasta 125 días de análisis intensivo para cumplir con su labor. En su recurso, calificó la actuación como una ruptura de los estándares mínimos de transparencia en la administración de justicia.

Por su parte, Wadith Manzur presentó una recusación contra el magistrado Héctor Javier Alarcón Granobles, al considerar que cambió su postura sin justificación suficiente. El congresista alegó que en 2025 el mismo magistrado había respaldado una decisión que no contemplaba su detención, por lo que esperaba coherencia en el nuevo fallo.

La Corte, sin embargo, justificó el cambio de criterio al advertir que Manzur podría representar un riesgo para la comunidad, basándose en hallazgos derivados de un allanamiento que sugerirían posibles relaciones clientelistas entre el Gobierno y el Congreso. Según el alto tribunal, estos elementos permitían inferir una eventual responsabilidad en hechos de corrupción.

No obstante, la defensa del congresista insiste en que no existe evidencia directa que lo vincule con dichas prácticas, asegurando que los documentos incautados no contienen su nombre. “La conclusión lógica era la contraria a la adoptada”, señala la recusación, en la que se cuestiona la interpretación de las pruebas por parte del magistrado.

La detención de Manrique y Manzur fue ordenada el pasado 11 de marzo, tras una votación dividida en la Sala Especial de Instrucción. El proceso involucra a varios congresistas y un excongresista, investigados por presunto cohecho impropio, en medio de acusaciones de manipulación de contratos a cambio de favores políticos.

El caso UNGRD ha generado una fuerte crisis institucional y política, afectando incluso el funcionamiento de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Mientras avanzan las investigaciones, las acciones legales de los congresistas buscan reconfigurar el proceso judicial, en un escenario donde las decisiones de la Corte serán determinantes para el futuro de uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en Colombia.

Sala Digital Colmundo