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¿El Consejo de Estado alcanzará a frenar la medida antes de que se ejecute el primer giro?
La expedición del decreto que ordena el traslado de 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones a Colpensiones ha generado todo tipo de reacciones. Por un lado, la senadora Paloma Valencia, excandidata presidencial y reconocida opositora al actual Gobierno, radicó formalmente una demanda ante el Consejo de Estado. De otra parte, el gremio Asofondos, que agrupa a las administradoras de fondos de pensiones, anunció que evalúa opciones legales mientras advierte sobre el impacto financiero de la medida.
Las posturas coinciden en que el decreto carece de sustento jurídico y pone en riesgo el ahorro de los colombianos. Sin embargo, sus enfoques y acciones concretas presentan matices que vale la pena detallarlas.
La senadora y candidata presidencial del centro democrático Valencia radicó una demanda ante el Consejo de Estado y, de manera paralela, solicitó una medida cautelar de suspensión urgente. En sus declaraciones, valencia aseguró : “Acabo de radicar la demanda contra el Decreto a través del cual el Gobierno pretende apropiarse de $25 billones de los ahorradores que se trasladaron de régimen pensional y no han cumplido los requisitos para jubilarse”.
Para Valencia, el decreto no solo es ilegal, sino que tiene un móvil político explícita: “Esto es un robo descarado al ahorro de los colombianos. Quieren tomar $25 billones en plenas elecciones”. La decisión de la senadora implica un riesgo calculado: al pedir la suspensión provisional, busca un fallo rápido que paralice la medida antes de que se ejecute el primer giro del 50% de los recursos, cuyo plazo se cumple en apenas 20 días.
El argumento jurídico de Paloma Valencia se basa en una lectura de la reforma pensional vigente. Según valencia, “la Reforma Pensional dispuso que los Fondos de Pensiones deben seguir administrando esos recursos hasta que cada persona cumpla los requisitos para jubilarse”. Y añade: “En ningún momento el Congreso contempló un giro automático de recursos a Colpensiones”. Esta interpretación coincide con la del gremio Asofondos, pero la senadora va un paso más allá al calificar la medida como una “apropiación” de recursos en un contexto electoral. Su decisión de acudir al Consejo de Estado y no a instancias ordinarias responde a la naturaleza administrativa del decreto y a la necesidad de una decisión rápida, ya que dicho tribunal tiene competencia para anular actos del Gobierno nacional.
De otra parte desde el lado gremial, Asofondos ha optado por una estrategia más prudente. Su presidente, Andrés Velasco, declaró que “todavía está estudiando los alcances e implicaciones del decreto” y que “no descarta ninguna acción”. Esta decisión de no anunciar de inmediato una demanda permite al gremio coordinar una respuesta técnica sólida, evaluar el impacto en cada uno de los fondos afiliados y preparar una estrategia jurídica conjunta que evite fallos contradictorios. Sin embargo, Velasco dejó clara su posición: “A nosotros nos toca hacer todo lo que nos corresponda para proteger el ahorro de los pensionados”.
Una diferencia clave entre ambas posturas radica en el énfasis: mientras Valencia centra su ataque en la ilegalidad y la oportunidad política, Asofondos pone el foco en las consecuencias financieras y operativas. Velasco explicó que “sorprende que una orden forzada de trasladar COP 25 billones se haya dado sin analizar el impacto” y detalló que “las implicaciones que tiene liquidar esos 25 billones en el corto plazo para el mercado y para los afiliados son preocupantes”. El presidente del consejo directivo de Asofondos, Santiago García, profundizó en este punto: le preocupan “las implicaciones de liquidar las inversiones para poder trasladar esos recursos a Colpensiones”. En otras palabras, vender activos por ese monto en pocas semanas podría forzar pérdidas de valor y afectar los rendimientos de todos los afiliados, no solo de quienes se cambiaron de régimen.
Ahora bien, el decreto, en su versión definitiva, introdujo una modificación de peso respecto al borrador publicado en febrero. Ahora se permite trasladar recursos en títulos de deuda, no necesariamente en efectivo. Velasco reconoció este cambio: “A diferencia del proyecto la versión definitiva permite trasladar recursos en títulos de deuda”. Esta apertura, sin embargo, “abre una serie de preguntas”, según el dirigente, porque Colpensiones no está habituada a administrar portafolios de inversión. “Colpensiones hace décadas no maneja ningún fondo: recibe recursos de las cotizaciones con una mano y con la otra la traslada a los pensionados”, explicó Velasco.
En materia judicial, el Consejo de Estado deberá decidir en los próximos días si concede o no la suspensión provisional solicitada por Valencia. De obtenerla, el decreto quedaría sin efecto hasta un fallo de fondo, lo que daría aire al gremio y a los afiliados.
Juan Joya
