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El Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá ordenó el envío a prisión de cinco personas señaladas de participar en la tortura y muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, director de la Policía Nacional. Los hechos ocurrieron el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá, y conmocionaron a la opinión pública por la crudeza de las agresiones y la condición de la víctima, un joven de 21 años.
La decisión fue adoptada por la juez 26 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, quien impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Andrés Camilo Sotelo Torres, Katerine Sotelo Torres, Tatiana Vega López, Solanggie Trujillo Devia y Juan Sebastián Ávila. Todos se declararon inocentes, pero la juez consideró que los elementos materiales probatorios presentados por el fiscal Andrés Marín evidencian una alta probabilidad de participación en los actos de violencia contra la víctima.
La Fiscalía General de la Nación imputó a los procesados los delitos de tortura, uso de menores para la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de elemento material probatorio, y soborno a testigo en actuación penal. Según el ente acusador, existe una inferencia razonable de autoría o participación de los implicados en los hechos. La Procuraduría, por su parte, solicitó la prisión preventiva al considerar que “se han superado los requisitos exigidos para imponer la medida de aseguramiento”.
De acuerdo con la investigación, los hechos no fueron una riña espontánea, sino un plan criminal estructurado. “No fue una riña callejera”, señaló el fiscal delegado, al explicar que la víctima fue golpeada con tal violencia que incluso un arma traumática se destruyó durante la agresión. Además, indicó que los ataques continuaron incluso después de disparos de advertencia realizados por un escolta. El procurador delegado calificó la conducta como “sádica” y afirmó que la víctima “fue sometida a sufrimientos físicos y psicológicos de alta intensidad”.
El plan criminal, según la Fiscalía, se habría gestado entre el 13 y el 24 de noviembre de 2024 mediante engaños en redes sociales. El contacto inicial se realizó a través de un perfil falso en TikTok, seguido por cuentas fraudulentas en Instagram, con el fin de inducir al joven a acudir a un inmueble en el barrio Quiroga. Este lugar, según la investigación, funcionaría como punto de expendio de sustancias alucinógenas, presuntamente liderado por uno de los implicados.
Uno de los aspectos más graves del caso es la utilización de una menor de edad de 10 años para ejecutar el engaño. Según la Fiscalía, la niña habría sido instrumentalizada y expuesta a consumo de licor y sustancias psicoactivas, con el objetivo de facilitar el contacto con la víctima. Además, se señala que se habrían hecho acusaciones sin sustento contra el joven para justificar la agresión. El propósito, según el fiscal, era propinarle una golpiza.
La reconstrucción de los hechos indica que, tras el encuentro y el traslado al barrio Quiroga, se desencadenó una agresión violenta y colectiva contra la víctima. “Le propinaron golpes con puños, patadas y objetos contundentes”, señala el expediente, agregando que incluso se habría incitado a transeúntes a participar en el ataque. La Fiscalía sostiene que la violencia escaló hasta convertirse en tortura y homicidio.
Mientras avanza el proceso judicial, los cinco implicados permanecen privados de la libertad, y las autoridades continúan recolectando pruebas. La Fiscalía no descarta nuevas imputaciones o la vinculación de más responsables, en un caso que sigue generando indignación y atención nacional.
Juan Joya




